Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

que el legislador opte por regular la materia -lo cual no es necesario por ser la
Constitución de aplicación inmediata y los derechos de la mujer protegidos en la
sentencia de aplicación directa- le está constitucionalmente prohibido fijar
requisitos (condiciones, trámites, etc.) que representen una carga excesiva sobre
la mujer o que le impidan decidir abortar, al menos, en las hipótesis señaladas
por la Corte Constitucional en la presente sentencia. 220
En relación con estas cuatro decisiones, así como respecto de otras
consecuenciales, la sentencia expone la correspondiente ratio decidendi, que
comparto.
3. En la presente aclaración de voto agrego una razón que tuvo un peso
determinante en mi posición. En resumen, esta razón se puede sintetizar de la
siguiente manera: el derecho constitucional jurisprudencial comparado
demuestra que cuando una Constitución, como la colombiana, contiene una
enunciación de derechos le está prohibido al legislador optar por posiciones
absolutas, bien para proteger la vida del feto o bien para garantizar la libertad
de la mujer.
De tal forma que si el legislador adopta un régimen prohibitivo del aborto debe
establecer excepciones en aras de reconocer los derechos de la mujer, si adopta
un régimen de libertad debe señalar las condiciones en las cuales dicha libertad
ha de ceder ante la necesidad de proteger la vida, y si adopta un régimen de
indicadores la definición de los mismos y las respectivas condiciones de
aplicación no deben conducir a posiciones equiparables a las opciones absolutas.
La exclusión constitucional de diseños legislativos que adopten posiciones
absolutas obedece a que (a) cuando una constitución garantiza derechos que
protegen un ámbito de decisión de la mujer en asuntos propios de su esfera vital,
el legislador no puede obligar a la mujer a llevar a término su embarazo sin
importar los riesgos y las cargas que ello pueda implicar; (b) el que una
constitución garantice el derecho a la vida no genera como consecuencia que el
aborto deba ser siempre considerado como un delito sin importar el impacto que
ello tiene sobre los derechos de la mujer; (c) el que una Constitución reconozca
los derechos de la mujer no implica que la situación del feto sea indiferente para
el derecho constitucional de tal forma que el legislador puede, y en ciertas
en las que con la voluntad de la mujer y previo el cumplimiento del requisito pertinente, se produce la
interrupción del embarazo. Sin embargo, además de estas hipótesis, el legislador puede prever otras
en las cuales la política pública frente al aborto no pase por la sanción penal, atendiendo a las
circunstancias en las cuales éste es practicado, así como a la educación de la sociedad y a los objetivos
de la política de salud pública.”
220 Por ejemplo, sobre el indicador ético-criminal la Corte se dice en la sentencia C-355 de 2006. “Al
respecto, el legislador podrá efectuar regulaciones siempre y cuando no impida que el aborto se pueda
realizar; o establezca cargas desproporcionadas sobre los derechos de la mujer” (...) En el mismo
sentido, sobre la posible regulación del tema se dijo en la sentencia: “En estos casos, tampoco se
pueden establecer por el legislador requisitos que establezcan cargas desproporcionadas sobre los
derechos de la mujer ni barreras que impidan la práctica del aborto.”