Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

manifestaciones. Una de ellas, que pretende el desarrollo general pero
paulatino de las capacidades necesarias para que los individuos adopten
decisiones vitales, es el acceso a una educación formal o especial, adecuada a
las condiciones, necesidades e intereses de los individuos, como mecanismo
de promoción de la salud. En consecuencia el Sector Educación en
coordinación con el Sector Salud en el ámbito de competencias que le
determina la Constitución y la ley, deben responder de manera prioritaria e
inmediata a disponer programas y servicios tendientes a brindar de manera
eficiente a las mujeres, los padres y madres de familia, los niños (as) y los
adolescentes educación formativa en salud sexual y reproductiva.
8. Sin duda, el problema del aborto, hoy es un problema de salud pública pero
se debe encarar holísticamente desde: (i) un ordenamiento jurídico que
responda a los preceptos fijados por los principios, valores y normas de la
Constitución, a los Tratados de Derechos Humanos; (ii) la política pública de
salud y educación; (üi) las responsabilidades que corresponden a la familia, la
sociedad y al Estado para garantizar, en este caso, el desarrollo armónico e
integral de las niñas y adolescentes, la garantía de su interés superior y la
prevalencia de sus derechos, especialmente a la vida, a la salud, a la igualdad,
a la intimidad personal, y el respeto a su dignidad, autonomía y libertad.
9. Las niñas y las adolescentes en circunstancias tan difíciles, de debilidad
manifiesta y de indefensión, en las que pudieren encontrarse en una situación
como la planteada en las demandas que hoy ocupan la atención de esa H.
Corporación se les debe garantizar el apoyo necesario para garantizar sus
derechos humanos fundamentales, en especial su derecho a la salud y a una
vida plena, feliz y digna.
4.1.2 Corporación Casa de la Mujer.
La Corporación Casa de la Mujer de Bogotá, mediante escrito recibido en la
Secretaría General de esta Corporación el día 10 de febrero de 2006, y
representada por la señora Olga Amparo Sánchez Gómez, interviene de la
siguiente manera:
Considera inicialmente, que el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, es una norma
penal que debe ser declarada inexequible, pues calificar como conducta punible
el aborto, atenta de manera directa contra los derechos fundamentales de las
mujeres a la vida, a la salud y la integridad, a la autodeterminación, al libre
desarrollo de la personalidad y a la dignidad.
La tipificación del aborto como conducta punitiva que busca proteger el bien
jurídico de la vida e integridad personal, evidencia la incongruencia de esta
norma penal que en tanto ordenamiento privativo y restrictivo de derechos debe