Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

Otros derechos sexuales y reproductivos, se originan en el derecho a la libertad
de matrimonio y a fundar una familia. El derecho a la intimidad también está
relacionado con los derechos reproductivos, y puede afirmarse que se viola
cuando el Estado o los particulares interfieren el derecho de la mujer a tomar
decisiones sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva. El derecho a la
intimidad cobija el derecho a que el médico respete la confidencialidad de su
paciente, y por lo tanto, no se respetaría tal derecho, cuando se le obliga
legalmente a denunciar a la mujer que se ha practicado un aborto.
En cuanto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Convención de la
Mujer consagra el derecho de las mujeres a disfrutar de los derechos humanos en
condiciones de igualdad con los hombres, y la eliminación de las barreras que
impiden el disfrute efectivo por parte de las mujeres de los derechos reconocidos
internacionalmente y en las leyes nacionales, así como la toma de medidas para
prevenir y sancionar los actos de discriminación.
Finalmente, el derecho a la educación y su relación con los derechos
reproductivos puede examinarse desde varios niveles: el acceso de las mujeres a
la educación básica, a fin de que ella logre el empoderamiento en su familia y en
su comunidad, y contribuya a que tome conciencia de sus derechos. Además, el
derecho a la educación incorpora el derecho de las mujeres a recibir educación
sobre salud reproductiva, así como a que se les permita ejercer el derecho a
decidir el número de hijos y espaciamiento de ellos de manera libre y
responsable.
En conclusión, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido
finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a
formar parte del derecho constitucional, soporte fundamental de todos los
Estados democráticos.
Derechos sexuales y reproductivos que además de su consagración, su
protección y garantía parten de la base de reconocer que la igualdad, la equidad
de género y la emancipación de la mujer y la niña son esenciales para la
sociedad y por lo tanto, constituyen una de las estrategias directas para promover
la dignidad de todos los seres humanos y el progreso de la humanidad en
condiciones de justicia social.
No obstante, de las normas constitucionales e internacionales no se deduce un
mandato de despenalización del aborto ni una prohibición a los legisladores
nacionales para adoptar normas penales en este ámbito. De tal forma que el
Congreso dispone de un amplio margen de configuración de la política pública
en relación con el aborto. Sin embargo, dicho margen no es ilimitado. Aún en el
campo penal de dicha política, el legislador ha de respetar dos tipos de límites
constitucionales, como lo ha resaltado esta Corte. En efecto, al legislador penal,