Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

para ponderarla ahora con otros valores y derechos como por ejemplo el de la
autonomía personal, tal como se hizo en el caso de la eutanasia, indicando que
este derecho debe ser analizado “desde una perspectiva secular y pluralista,
que respete la autonomía moral del individuo y las libertades y derechos que
inspiran nuestro ordenamiento superior” (sentencia C- 239 de 1997).
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio Público considera que las demandas
presentadas ameritan el estudio por parte de la Corte Constitucional, a partir del
desarrollo jurisprudencial que se ha producido entre la sentencia C-133 de 1994
en la que se analizó una norma de igual contenido normativo al que ahora se
acusa, dado que entre el año 1994 y el año 2005, es decir, casi una década
después, hay una amplia jurisprudencia en lo que hace al bloque de
constitucionalidad y a la interpretación de la Corte frente a derechos tales como
la vida, la salud, la libertad, la seguridad social, en el contexto del Estado Social
y Democrático de derecho, que pueden hacer que se modifiquen las conclusiones
a las que en 1994 arribó la Corte, al analizar el tipo del aborto.
Así mismo, el contexto cognoscitivo del problema, ha cambiado pues los
estudios realizados y que obran como prueba en el expediente, muestran cómo
muchas mujeres colombianas que han sido víctimas de la vulneración de su
libertad sexual y reproductiva o que se encuentren por razones naturales ante un
embarazo que pone en riesgo su salud física y mental o su vida misma, deben
además soportar la carga de actuar ilegalmente, arriesgar su vida, su salud, su
libertad personal y soportar el reproche jurídico y social, al margen de cualquier
protección del Estado, a causa de una legislación que desconoce sus derechos
fundamentales.
En suma, considera el Ministerio Público que en el presente caso, se presentan
cambios significativos en el: i) contexto normativo, pues ha cambiado el alcance
de las normas internacionales y constitucionales de protección de los derechos
fundamentales; ii) contexto jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como
de los organismos internacionales encargados de dar interpretación y alcance a
los tratados internacionales y de vigilar su observancia y, iii) contexto
cognoscitivo, que aporta nuevos elementos de análisis para evaluar el grado de
cumplimiento de las obligaciones del Estado y de la realidad sociológica,
psicológica, y de los riesgos en materia de salud reproductiva, frente a la
tipificación de una conducta como el aborto.
4. La determinación de la constitucionalidad de una norma, resulta
de la confrontación de ésta con el ordenamiento superior y los tratados
internacionales de derechos humanos que conforman el bloque de
constitucionalidad y no de la confrontación con determinadas creencias
religiosas