Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

afectan y de la sanción de las mismas, en tanto que representante directo de la
sociedad. Sin embargo, como es lógico, dentro de un Estado constitucional de
derecho, estas decisiones no pueden contradecir los valores, principios y demás
normas del ordenamiento superior, el cual actúa como fundamento de legitimidad y
límite a dicha libertad configurativa.
En consecuencia, la política criminal, como todo acto de autoridad, debe responder
a los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que son criterios de
valoración constitucionales, no obstante que el test que determine el cumplimiento
de estos criterios, es y debe ser débil, acorde con la amplitud de la competencia de
que está investido el legislador. Así, las decisiones que adopte en esta materia, sólo
podrán ser excluidas del ordenamiento o condicionadas por la autoridad
constitucional, si ellas afectan de manera directa y protuberante los fundamentos del
Estado social y democrático de derecho y en particular, los derechos de las
personas.
Son estos criterios los que permiten la permanente adaptación del derecho penal a la
realidad social. La valoración de los bienes a proteger por este medio y las
conductas sancionadas no se registra en códigos atemporales de una vez y para
siempre, porque en el derecho no hay absolutos y el carácter político de las
decisiones legislativas implica la valoración conforme al desarrollo social, así,
hemos visto como muchos tipos penales como el homosexualismo o el adulterio,
que dejaron de representar una afrenta social, fueron excluidos del ámbito del
derecho penal y pasaron a ser parte de la vida privada de las personas, a partir de
una nueva valoración, orientada por criterios sociales y políticos diferentes, que
protegen la dignidad de la persona e impiden al Estado intervenir en las decisiones
que constituyen parte del ejercicio libre de su personalidad y de su vida relacional,
afectiva e íntima, cuyas motivaciones, propias de la complejidad de la mente y de
los sentimientos humanos, escapan al poder y a la posibilidad de sanción social.
9.3. A partir de estas consideraciones, el Despacho pasará a revisar a la
constitucionalidad de la penalización de la interrupción voluntaria de la gestación
tal como está consagrada en la ley penal, no sin antes aclarar algunos aspectos que
pese a ser evidentes, conviene puntualizar para mejor comprensión del presente
concepto por parte de la comunidad y de los intervinientes:
9.3.1. En primer lugar, no se trata como algunos pretenden, de discutir la
penalización o despenalización del aborto, pues ello no corresponde a la Corte
Constitucional sino al legislador. Se trata de la evaluación constitucional de una
tipificación general que no considera circunstancias específicas en las que, según la
demanda, la sanción penal bajo el supuesto de proteger bienes constitucionales
resulta lesiva de los mismos bienes o de otros con protección especial por el
ordenamiento y demás normas que conforman el bloque de constitucionalidad.