Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

el legislador puede desarrollar una normativa coherente sobre el tema, que
además de la política criminal comprenda aspectos concernientes con la dignidad
y la vida de la mujer, así como con los recursos y las políticas necesarias para
que el estado garantice en condiciones adecuadas a la mujer el goce responsable
de su sexualidad, de su potencial maternidad y a quienes están por nacer
condiciones adecuadas de desarrollo, aún en aquellos supuestos de embarazos
no deseados.
Dentro de esta línea de análisis, la penalización del aborto es, en principio,
necesaria en cualquier política relacionada con la protección del derecho a la
vida, dentro del sistema normativo aplicable en Colombia, en la medida en que
así se asegura el principio general de garantía del derecho a la vida en los
términos del Pacto de San José de Costa Rica; no obstante, también es evidente
que el legislador dentro del marco jurídico expresado no podría aferrarse a una
prohibición absoluta, si ella entraña el sacrificio de principios que como el de la
dignidad son también elementos fundantes del Estado Social de Derecho.
Tampoco se puede dejar de lado que en la Constitución Política hay una serie de
preceptos que si bien no refieren directamente al fenómeno de la gestación,
hacen de la concepción y de la maternidad y la paternidad asuntos arraigados
profundamente en la esencia misma del Estado Social de Derecho, lo mismo que
la necesidad de garantizar la igualdad material de la mujer en todos los aspectos
de su existencia y, entre ellos, el de portadora de vida. Por esta razón, el
Legislador, al diseñar sus políticas no sólo en asuntos criminales, sino también
en materia de salud pública, educación y búsqueda de la igualdad de la mujer,
tiene que considerar la forma como la penalización del aborto se ha de armonizar
con los valores y derechos que buscan hacer reales en Colombia no sólo el
Estado Social de Derecho sino la familia y el desarrollo y fortalecimiento de las
niñas y niños, así como de sus madres y padres.
Una vez aclarado que el legislador es el órgano que en Colombia ha de regular lo
concerniente con el aborto, es necesario concluir que, por ende, a la Corte sólo
corresponde determinar, desde su ámbito estricto del control judicial de
constitucionalidad, si las definiciones y el tratamiento adoptados por el legislador
se avienen o no con las reglas superiores de estirpe constitucional .
Consideraciones sobre protección del derecho a la vida, a la salud y a la
integridad personal
Al respecto es necesario poner de presente que la permisibilidad del aborto no
es necesariamente el único medio llamado a garantizar el derecho a la vida, a la
salud y a la integridad de la mujer. Al contrario, como ya se ha expresado, debe
considerársele como un mecanismo dentro de las muchos a los cuales puede y
tiene que recurrir el Legislador en la formulación de políticas relacionadas con la