Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

adoptado para evitar y prevenir los comportamientos que lesionan o ponen en
peligro bienes jurídicos específicos, previamente determinados.
Por ello, en el marco Constitucional Colombiano, el derecho penal es de última
ratio, es residual y no puede serlo de otra forma, puesto que estaría
desconociendo nuestros fundamentos más importantes.
En el caso del Estado colombiano, el tema del aborto ha sido tratado
preferentemente de manera punitiva, como una salida de "ultima razón" ante el
fracaso de las iniciativas que ese mismo Estado laico ha desarrollado para
conjurar los problemas que se desprenden de este aspecto.
La penalización del aborto en las circunstancias excepcionales del artículo 124
de la ley 599 de 2000, resulta contraria a la Constitución en la medida en que le
asigna al derecho penal un papel preponderante cuando éste debe cumplir un
papel residual y subsidiario, como lo ha señalado la Corte.
Es pertinente estimar, como elemento importante en esta discusión, la
proporcionalidad de la sanción contenida en el artículo 124 de la ley 599 de
2000, con respecto al comportamiento previsto como punible, es decir, el aborto.
Así, considera el interviniente que, el artículo 124 es la mejor muestra de
reconocimiento que hace el legislador colombiano de las circunstancias
excepcionales, que en un momento dado, pueden afectar el juicio de
antijuricidad y de culpabilidad sobre el comportamiento de la madre que aborta y
respecto de la conducta de quien coopera con ello.
Sin embargo, por efectos de facultad de configuración legislativa, en lugar de ser
estas circunstancias excepcionales una forma de exculpación de la conducta, se
configuran como simples circunstancias de atenuación de la sanción.
Por ello, al no tener el legislador en cuenta el requisito de proporcionalidad, éste
sometió a la mujer a soportar una pesada carga (la judicializacion penal y la
posterior sanción) que se suma, a la carga sicológica de tipo negativo que se
cierne sobre la mujer que optó por el aborto, al miedo al rechazo social, al
rechazo familiar
Por ello judicializar a una mujer que ha tenido que afrontar todas las cargas ya
mencionadas, evidencia una total desproporción, en relación con la mera
atenuación punitiva que debe soportar la madre que aborta o su cooperante, aun
en casos o circunstancias excepcionales como las descritas en el artículo 124 y
que, se insiste de nuestra parte, debieran excluir la responsabilidad penal y tener
un tratamiento jurídico alternativo.