Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

exigencia, entre ellos en primer lugar el derecho a la vida, no dependen de la
calidad de vida del sujeto, para resolver el conflicto de derechos propuesto en el
párrafo anterior no era posible considerar que el feto fuera titular de un derecho a
la vida de menor valía en razón de las malformaciones padecidas. Esta
consideración resultaría contraria a la noción de dignidad compatible con la
condición humana, que exige reconocer dignos a todos los hombres sin
excepción. Solo sobre el supuesto anterior, hubiera podido pasar a ponderarse,
es decir a dar peso o valor a los derechos de la madre y del feto implicados en el
caso del aborto eutanásico.
Partiendo de lo anterior, es decir entendiendo que en el Estado social de derecho
la dignidad y la vida de los seres humanos malformados nacidos o no nacidos
tiene igual valía que la de los que no padecen de malformaciones, los suscritos
encuentran que ciertamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la
madre se veía intensamente restringido cuando el artículo 122 del Código Penal
examen le impedía abortar respecto de un embarazo que ella ya no aceptaba por
razón de la inviabilidad del feto. Sin embargo, frente a esta restricción muy
fuerte de derechos aparecía la mayor restricción de derechos del hijo no nacido,
cuya vida se afectaba por el aborto en grado absoluto, en cuanto se veía anulada
de forma total. Adicionalmente, dado que la vida es presupuesto fáctico
indispensable para el ejercicio de cualquier otro derecho en cabeza del feto,
todos estos se veían igualmente afectados hasta su desconocimiento total, cosa
que no sucedía en el caso de la madre, a quien la continuación del embarazo sólo
restringía temporalmente su libertad.
A lo anterior se sumaba que desde el criterio de la jerarquización de derechos, la
vida del no nacido tiene mayor entidad jurídica que la libertad. Por todo lo cual,
el conflicto de derechos que planteaba el llamado aborto eutanásico, debió haber
sido resuelto a favor de su proscripción constitucional.
No era posible justificar la eliminación de una persona humana no nacida
afectada de malformaciones, bajo el argumento según el cual la anticipación de
su muerte reduciría la afectación de la libertad de otro ser humano: su madre.
Este argumento pragmático supone justificar constitucionalmente la eliminación
anticipada de los más débiles, en aras de no incomodar a aquellos que están, por
razones fácticas, en situación de superioridad física material. La aceptación de
esta posibilidad pone en riesgo los más preciados fundamentos del Estado y del
Derecho, como son la igualdad humana sin distinción de condiciones, y la
solidaridad que exige responder con acciones concretas, tendientes a la defensa
de los derechos fundamentales de los más débiles. La decisión mayoritaria abre
las puertas a la aceptación de la eliminación de aquellos seres que, de una u otra
forma, por su especial condición de minusvalía restringen la órbita de nuestra
libertad, al exigirnos, por motivos constitucionales de solidaridad, atender a sus
necesidades vitales.