Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

efectivas que protejan la vida de todas las personas, deber que implica la
necesaria consagración de sanciones penales para las conductas que
directamente atentan contra este derecho fundamental. La ambigüedad deviene
de considerar que efectivamente existe un deber de las autoridades de defender
la vida como “bien constitucionalmente protegido”, pero al mismo tiempo
sostener que en ciertas circunstancias, como durante la gestación, la vida no es
propiamente un derecho fundamental. En efecto, al considerar la Corte que, en
los tres supuesto especiales que estudió, el ejercicio pleno de los derechos de la
madre debía prevalecer sobre el bien jurídico de la vida humana en formación,
por lo cual el aborto en estos tres casos era inconstitucional, separó
indebidamente las categorías de persona y vida humana protegible, anulando con
ello la garantía jurídica de la vida del niño por nacer. Vida ésta constitutiva de un
derecho subjetivo fundamental en cabeza suya, cuya protección el legislador con
razón había dispuesto en las normas acusadas, en cumplimiento de su deber
constitucional de garantizar la vida humana en general, sin distinciones de
ninguna especie.
Así pues, el argumento para obviar la indiscutible obligación legislativa de
proteger la vida en formación consistió en separar las nociones de persona
humana y de vida humana, con el objeto de dar un supuesto fundamento
constitucional a la desprotección jurídica del no nacido, en aras de la prevalencia
de la autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad o la salud de la
madre.
6. La indeterminación de las circunstancias en las cuales resulta lícito
abortar.
Aunado a todo lo anterior, los suscritos hacen ver que la decisión adoptada por
la mayoría arroja un margen amplio de indeterminación acerca de las
circunstancias en las cuales el aborto puede considerarse lícito en los tres casos
examinados, aparte de una laxitud excesiva en lo referente a la prueba de tales
circunstancias, que conlleva que la desprotección jurídica del derecho a la vida
del no nacido sea aun más grave.
En efecto, dentro de las consideraciones vertidas respecto de la
inconstitucionalidad de la penalización del aborto en caso de embarazo producto
de conducta constitutiva de acceso carnal violento o acto sexual sin
consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo
fecundado no consentida, así como de incesto, la Sentencia parece exigir como
única prueba de estas circunstancias, el que el hecho punible haya sido
denunciado en forma debida ante las autoridades, pero descarta expresamente
que el legislador, al regular el asunto, establezca medidas complementarias
tendientes a demostrar tales delitos, como por ejemplo la prueba forense de los
delitos sexuales. Así las cosas, los magistrados disidentes nos preguntamos cuál