Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

tan categórica, sobre los mismos fundamentos que inspiran la constitución de
1991.
III. Aborto y derecho penal de última ratio
El Estado, en uso de su libertad de configuración legislativa, tiene la facultad de
sancionar los comportamientos que atentan contra aquellos bienes jurídicos que
deben ser protegidos para asegurar la convivencia pacifica, y crear así un
escenario estable para la realización de los valores constitucionales. En este
sentido, el derecho a la vida del que está por nacer y la protección a la
concepción como una expectativa real de vida humana es un punto de elección
de esa facultad de configuración legislativa del Estado frente a la cual la
jurisprudencia ha sido constante en afirmar su valor absoluto, sobre todo en lo
que respecta a la posibilidad del aborto.
Debe partirse del hecho de que la Corte Constitucional ha sido muy clara al
advertir que los derechos fundamentales no son absolutos y que en situaciones
limites, estos deben ser ponderados para elegir la prevalencía del derecho que
más necesita ser protegido, atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en la búsqueda de afirmación de los valores fundamentales de la
Constitución.
Si bien el interviniente considera valido sancionar los casos normales de
interrupción voluntaria del embarazo es importante estimar situaciones y causas
excepcionales para cuando la interrupción del embarazo de manera voluntaria,
resulta mayormente afirmativa de los valores constitucionales y aleja a las
normas penales del absurdo.
No estaría bien y seria poco razonable, dar igual tratamiento a la madre que,
teniendo circunstancias normales de gestación, decide interrumpir su embarazo,
que aquellas que ni siquiera pudieron decidir en estarlo, que no lo aceptan o que
saben de antemano, por efecto de los avances científicos, que el que está por
nacer sufre de malformaciones o de enfermedades que hacen extremadamente
difícil e indignante la vida extrauterina. Si esta asimetría de condiciones reales
fuera ignorada, constituiría esto una violación al artículo 13 de la Carta política y
establecería un criterio arbitrario y no jurídico para estas personas.
Por ello, el legislador del año 2000 equivocadamente planeó una excepción
punitiva en determinados casos, en lugar de hacer de ellas causales de
exculpación de la responsabilidad penal.
Señala el interviniente que, tal y como lo planteara la Corte Constitucional en su
jurisprudencia, que el derecho penal es un instrumento residual, excepcional,
que tiene vigencia en ausencia de medidas de diverso orden que los Estados han