Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

es indicado por el médico en consideración a ciertas situaciones graves de
necesidad de la mujer (indicaciones para el aborto).” La nueva norma decía:
“Indicaciones para la interrupción del embarazo
“(1) La interrupción del embarazo a través de un médico no será
sancionada de acuerdo con el art. 218 cuando
1. la mujer embarazada manifiesta su conformidad y
2. el aborto es indicado por el médico en consideración de las condiciones
de vida presentes y futuras de la mujer, con el fin de evitar un peligro para
su vida o el peligro de un grave perjuicio de su salud corporal y mental, y
esos peligros no pueden ser conjurados de otra manera que pueda ser
exigida para la mujer
(2) Los supuestos del numeral 1.2 se consideran cumplidos cuando, según
el conocimiento médico,
1. existen razones poderosas que sustentan la suposición de que el niño,
por causa de factores hereditarios o de las condiciones del embarazo,
sufrirá un daño insuperable en su salud, de tal gravedad que no se puede
exigir de la mujer que continúe con su embarazo.
2. la mujer embarazada fue víctima de uno de los delitos contemplados en
los arts. 176 a 179 y existen razones poderosas que fundamentan la
suposición de que el embarazo es consecuencia de ese delito, o
3. el aborto ha sido indicado para conjurar el peligro de una situación de
necesidad de la mujer que
a) es tan grave que no se le puede exigir a la mujer que continúe con su
embarazo, y
b) no puede ser evitado a través de otra forma que pueda ser exigida de la
mujer.
(3) En el caso del numeraI 2.1 no pueden haber transcurrido más de 21
semanas desde la concepción y en el caso de los numerales 2.2 y 2.3 no
más de 12 semanas."
Posteriormente, en 1975 se dictó una nueva ley de medidas complementarias,
que previó que la seguridad social debía asumir los costos de las interrupciones
de embarazo que no fueran sancionables penalmente, incluyendo los abortos por
indicaciones de necesidad social.
Después de la reunificación, se dictó una nueva ley sobre el tema, en 1992 – la
ley sobre la ayuda a la mujer embarazada y a la familia – que reformó el artículo
218 del Código Penal y otros. La norma estableció varias medidas destinadas a
facilitarle a la mujer la continuación del embarazo al igual que la posibilidad de
que los costos de la intervención, si se realizaba, fueran asumidos por el Estado.
La modificación de la regulación penal consistió en permitir el aborto legal