Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

los votos corresponde a cinco magistrados a favor de la constitucionalidad de la
despenalización del aborto y uno en contra.
El Tribunal expresa que, si bien el artículo 15 de la Constitución reconoce que
“todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”, la titularidad
de este derecho respecto del no nacido es objeto de ambigüedad y controversia.
Sin embargo, aun cuando la vida del no nacido es un bien protegido y
garantizado por la Constitución dicha protección no es absoluta por lo que la
norma que admite el aborto en ciertas circunstancias no es inconstitucional. Para
sustentar su decisión se remite a la Convención Europea de Derechos Humanos,
la cual, según la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo,
su intérprete autorizado, establece que la titularidad del derecho a la vida está en
cabeza de las personas nacidas. En la sentencia española se decidió que el
Estado Español tenía dos obligaciones respecto del no nacido: i) abstenerse de
interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación; y ii) establecer un
sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de
la misma. Pero dicha protección no es absoluta por lo que las circunstancias de
interrupción del embarazo contempladas en la norma se encontraron ajustadas a
la Constitución aún cuando la norma debía ser reformada. El Tribunal lo dijo de
la siguiente manera:
SÉPTIMO. En definitiva, los argumentos aducidos por los recurrentes no
pueden estimarse para fundamentar la tesis de que al “nasciturus” le
corresponda también la titularidad del derecho a la vida, pero, en todo
caso, y ello es decisivo par la cuestión objeto del presente recurso,
debemos afirmar que la vida del “nasciturus”, de acuerdo con lo
argumentado en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, es
un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra
norma fundamental.
Partiendo de las consideraciones efectuadas en el f.j. 4, esta protección
que la Constitución dispensa al “nasciturus” implica para el Estado con
carácter general dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de
obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema
legal para la defensa de la vida que, incluya también, como última
garantía, las normas penales. Ello no significa que dicha protección haya
de revestir carácter absoluto; pues, como sucede en relación con todos los
bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados
supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones, como veremos
posteriormente.