Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

embarazos resultados de violaciones o naturalmente complicados o riesgosos para la
madre?
En cuanto a la proporcionalidad, debe evaluarse la relación de adecuación entre la
inclusión de una conducta como delito y el daño social causado con dicha conducta.
En el presente caso, la penalización en las circunstancias que se analizan no
encuentra asidero constitucional, porque como se manifestó, en ningún caso, la
conducta se realiza con la intención de causar daño a la convivencia pacifica o al
orden social, al contrario, la afectación al bien jurídico vida, presente ya en el
embrión y objeto de protección jurídica, no se desea ni la conducta se realiza con
ese fin, sino que como se advirtió, la mujer se ve impelida a tomar esa decisión
física y psicológicamente traumática y en todos los casos hubiese preferido no
tomarla. Entonces, ¿cuál es el daño social que causa quien así se ve obligada a
actuar?
Podría proponerse como en efecto se hace, que la mujer continué su embarazo hasta
el alumbramiento, pero no constituye un trato cruel, degradante e inhumano, tomar
la mujer no como un ser humano, autónomo y libre de disponer de su propio cuerpo
y asumirla como un ente reproductivo, que debe además de su ya difícil situación
someterse psicológica y físicamente a pasar nueve meses, convirtiendo lo que debía
ser la maravillosa experiencia de la maternidad en una imposición social y estatal y
en lugar de poder poner fin a tal situación de una manera que resguarde su intimidad,
hacer evidente y pública su violación o la invasión de su cuerpo o sufrir la angustia
de arriesgar su salud o su vida misma u obligarla a llevar a término la gestación de
una criatura no viable? Es ese el trato legítimo de un Estado fundado en la dignidad
humana y en la concepción de la persona como un fin y no como un medio. Cuál es
el beneficio social que justifica tal trato? ¿cuál la proporcionalidad de la pena que se
le impone a quien no merece reproche sino comprensión y apoyo por parte del
Estado y de la sociedad?
En este punto debe recordarse el principio de rehabilitación de la víctima, el cual
consiste en la obligación de los Estados para realizar los esfuerzos necesarios para
devolver a las víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos a la
situación en la que estarían de no haber sufrido tal vulneración.
En el caso que nos ocupa, resulta contrario a la protección de los derechos de la
mujer, el que el Estado la obligue bajo la amenaza de la privación de su libertad a
continuar con el embarazo fruto de una concepción no consentida, lo cual es
contrario al principio de rehabilitación. La mujer es la que debe decir, si pese a esas
circunstancias continúa o no con su embarazo, el Estado no pueden entrar a sustituir
la decisión de la mujer, indicándole que cuando su embarazo es producto de las
circunstancias descritas debe continuarlo, so pena de ser sancionada. Será la mujer
bajo su libre determinación y no por la coerción de una norma, determinar si
continúa o no con su estado de gravidez. Así como algunas mujeres deciden