Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

ealidad de las mujeres que han sido través del proceso de gestación y luego de
nacimiento y crianza del fruto de la violación o agresión-, las imágenes de la
tortura y asesinato de sus seres queridos o de los daños a sus bienes o los
desplazamientos tan comunes en nuestro país por obra de los grupos armados
ilegales o incluso la imagen del victimario presente en su hijo.
Tal norma parte de una realidad y es la de una mujer que ha realizado el aborto
en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 124 tiene la condición
de víctimas de delitos contra la libertad sexual o contra la autonomía personal.
En estas condiciones, lo que se impone como una obligación constitucional del
Estado es brindar medidas de asistencia, protección o rehabilitación social y no
un tratamiento punitivo cuyo único efecto es victimizar por segunda ocasión a la
mujer: por un lado, víctima de conductas sancionadas por el código penal y por
las cuales quedó en embarazo y, por otra parte, víctima del derecho penal que la
relega al olvido de una cárcel sin ninguna posibilidad de asistencia sico-social.
Así mismo, el legislador termina instrumentalizando a la mujer, desvirtuando
el principio de la dignidad humana, y utilizándola como medio para la realización
de los fines de la pena.
VIII. conclusiones
A manera de conclusión nos permitimos, respetuosamente, hacer un resumen de
las consideraciones expuestas;
1. El Estado acude a la utilización del derecho penal, como instrumento de príma
ratio, yendo en contravía de la jurisprudencia constitucionalsobre el tema.
2. El Estado colombiano laico, no ha tenido la oportunidad de fijar políticas
frente a la materia. Para ello debe entenderse que la despenalización no conlleva
un "sí al aborto", si no que excluye de la inhumanidad de una pena a la mujer
gestante.
3. La pena y la judicialización impuesta a la mujer que aborta resulta totalmente
inútil y desproporcionada, puesto que impone un sobrecosto a la mujer. La pena
para la práctica abortiva resulta inútil, y por lo tanto inconstitucional.
4. Finalmente, por las consideraciones expuestas, el artículo 124 de ley 599 de
2000 desconoce los derechos fundamentales a la dignidad de la mujer, del feto y
el derecho la proporcionalidad y la igualdad, así como el derecho penal de acto y
los principios que rigen el derecho penal moderno constitucional, perfilados por
la Corte constitucional en su importante jurisprudencia.