Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

conducta de manera general sin atender a ningún criterio de despenalización de
la misma en los casos aquí analizados, los cuales son considerados por el
legislador únicamente como atenuantes, lo cual no se compadece con las
circunstancias que rodean el hecho y vulnera de manera innecesaria y
desproporcionada los derechos fundamentales de las mujeres que opten por la
interrupción voluntaria de su embarazo en estas circunstancias.
Es obligación del Estado proteger el derecho a la vida y a la salud de la mujer y
no puede negarle tal protección bajo ninguna circunstancia.
10. La inconstitucionalidad de la circunstancia de agravación de la pena
contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000 que asimila el aborto no
consentido al aborto con consentimiento en menor de catorce años
10.1. En general, la plena autonomía del ciudadano se asume a partir de la
mayoría de edad, en nuestro caso los diez y ocho años. Sin embargo, no puede
confundirse la capacidad jurídica plena con el desconocimiento de la dignidad
humana que se encuentra en cada persona y que la hace poseedora de razón y
voluntad desde las primeras etapas de la vida, si bien, el cultivo de esa razón y
voluntad es una obligación de los padres así como también, la protección del
menor y de los intereses del mismo, durante su proceso de maduración.
Es por ello que la Constitución dentro de un esquema garantista consagra como
obligación del Estado el facilitar y garantizar el derecho de todas las personas a
participar en las decisiones que los afectan (artículo 2° de la Constitución), lo
cual debe entenderse en la medida de las capacidades y el tipo de decisiones.
Así, atendiendo circunstancias específicas de orden físico, psicológico o social,
el legislador establece tratamientos diferenciados con relación a la autonomía de
los menores de edad, para lo cual en cada caso evalúa la madurez psicológica
del menor.
10.2. En lo que atañe a la autonomía con relación a la capacidad reproductiva de
los menores, se ha tomado en cuenta la madurez física que los habilita para
procrear y que tiene incidencias en su madurez psicológica, sin que exista
necesariamente una relación directamente proporcional entre el grado de
desarrollo físico y el mental para asumir la paternidad o maternidad. Es por ello
que aún existiendo madurez física reproductiva, se sigue protegiendo
especialmente al menor en los tipos de delitos sexuales.
En cuanto a la autonomía relacionada con su sexualidad, su estado civil y su
reproducción, tenemos, las normas especiales sobre matrimonio, trabajo,
emancipación, que constituyen la aceptación de una voluntad autónoma total o
parcial aun antes de los diez y ocho años.