Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

“Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías
de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. La
responsabilidad de los particulares por infracción de la Constitución o de
las leyes (CP art. 6), requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos
protegidos y no meramente una intención que se juzga lesiva. Esto se
desprende de la razón de ser de las propias autoridades, a saber, la de
proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades (CP art. 2). Sólo la protección
de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros
derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución.
Por otra parte, la aplicación de la pena consagrada en la ley debe
hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de
proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente individual y el castigo
impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad
del sujeto al que se imputa (C-591 de 1993).”.
En el mismo sentido, sostuvo esta Corporación en la sentencia C-205 de 2003:
Además, es menester que el ejercicio de un control constitucional efectivo
en estos casos vaya más allá de dejar sin efecto normas penales
manifiestamente irrazonables o arbitrarias, abarcando también un
examen detenido sobre la proporcionalidad que ofrece cada una de estas
medidas, ya que, siguiendo a Ferrajoli “la intervención punitiva es la
técnica de control social más gravosamente lesiva de la libertad y de la
dignidad de los ciudadanos”, y en consecuencia, “el principio de
necesidad exige que se recurra a ella sólo como remedio extremo”, es
decir, nullum crimen sine necessitate 105 .
En algunas situaciones, por el contrario, es manifiesto el deber que tiene
el legislador de expedir leyes penales, de ejercer un deber de protección
de los derechos humanos, como fue la tipificación del delito de genocidio
o de la desaparición forzada de personas, que por lo demás responde al
cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado
colombiano, o incluso para hacer efectiva una norma constitucional, como
es el caso del enriquecimiento ilícito, tal y como lo ha sostenido la
Corte 106 .
Pues bien, siendo la norma penal, al mismo tiempo, un instrumento de
intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales y un
mecanismo de protección de los mismos, así como de determinados bienes
105 Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Valladalid, 1997, p. 465.
106 Sentencia C- 316 de 1996.