Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

legislativa en materia penal no es ilimitada, y le imponía adoptar medidas de esta
índole que garantizaran de manera efectiva el derecho a la vida del no nacido.
En efecto, el legislador puede, mientras respete la Constitución, crear o suprimir
tipos penales y graduar la penas aplicables según la ponderación que haga de la
gravedad de las conductas y del daño que las mismas pueden ocasionar a la
sociedad. No obstante, esta libertad configurativa del legislador en materia penal
no puede entenderse absoluta, pues tanto en la descripción de las conductas
punibles como en señalamiento de las penas correspondientes, debe ajustarse a
los valores y principios constitucionales y asegurar también la vigencia de los
derechos fundamentales. Además, al establecer lo delitos y las penas, el
legislador debe observar de manera especial el principio de proporcionalidad. A
esto habría que agregar que está obligado a asegurar las garantías mínimas que
se ha comprometido proteger en el ámbito internacional en torno a la protección
de los derechos fundamentales de los asociados.
Si bien es cierto que el recurso a la penalización de conductas solamente debe
operar como última ratio, cuando las demás medidas no resulten efectivas, la
tradición jurídica universal sostenidamente ha considerado que, por razones
elementales de necesaria protección de las personas y para garantizar la
convivencia social, los atentados contra la vida humana deben ser penalizados y
castigados de manera ejemplar. Lo anterior obedece a que la penalización de las
conductas homicidas, entre ellas el aborto, define en concreto la vigencia
efectiva del núcleo esencial el derecho a la vida. Por su contenido material, este
derecho no encuentra otra forma efectiva de ser protegido.
En este sentido, en la Sentencia C-133 de 1994, con razón la Corte había dicho
lo siguiente.
“El Estado tiene la obligación de establecer, para la defensa de la vida que se
inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo, y dado el
carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentación necesariamente
debe incluir la adopción de normas penales, que están libradas al criterio
discrecional del legislador, dentro de los límites del ordenamiento constitucional.
El reconocimiento constitucional de la primacía e inviolabilidad de la vida
excluye, en principio, cualquier posibilidad permisiva de actos que estén
voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de seres todavía no
nacidos, y autoriza al legislador para penalizar los actos destinados a provocar su
muerte.”
En esta oportunidad, la Sentencia de la cual nos apartamos adopta una posición
ambigua respecto del deber constitucional del legislador de adoptar medidas