Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

Esto sucede igualmente en el ámbito político o estatal: el derecho originario e
inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto
parlamentario o de la voluntad de una parte de la población. Es el resultado
nefasto de un relativismo que predomina incontrovertible: el "derecho" deja de
ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de
la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte.
Reivindicar el derecho al aborto, al infanticidio. a la eutanasia, y reconocerlo
legalmente, significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e
inicuo: el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás.
En relación con el derecho a la vida y a la dignidad humana en nuestro
ordenamiento jurídico, se señala que la Constitución en su Preámbulo, así como en
varias de sus normas y el mismo artículo 1° del Código Penal, reconocen el respeto
a la dignidad humana.
De la misma manera, los tratados internacionales relativos a los derechos
humanos, que por disposición del artículo 93 Superior conforman el llamado
“bloque de constitucionalidad”, también reconocen explícitamente el derecho a
la vida del no nacido. Así lo hace la Convención Americana sobre Derechos
Humanos suscrita en San José de Costa Rica, aprobada por Colombia mediante
la Ley 16 de 1972, artículo 4°.
Por otra parte, se anota que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia
al definir la constitucionalidad de los delitos de aborto, incluso el caso de
embarazo producto de violación, consideró que dichas normas se ajustaban a la
Carta, en tanto ésta protege la vida humana desde el momento mismo de la
concepción, pues esta fue la ratio decidendi de tales pronunciamientos. Así, en
la Sentencia C-133 de 1994 se indicó que en la Carta Política “la protección a la
vida del no nacido, encuentra sustento en el Preámbulo, y en los artículos 2° y
5°, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecha a la vida de
“todas las personas”, y obviamente el amparo comprende la protección de la
vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la
viabilidad del nacimiento y a la existencia legal de las personas. En tal virtud, se
dijo que el Estado tenía “la obligación de establecer, para la defensa de la vida
que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo, que
necesariamente debe incluir la adopción de normas penales dispuestas por el
legislador dentro de los límites del ordenamiento constitucional.
A1 definir la constitucionalidad de la penalización del aborto de la mujer
embarazada como resultado de acceso carnal violento, abusivo o de
inseminación artificial no consentida, la Corte indicó que el derecho a la vida
aparecía como el primero y más importante de los derechos fundamentales y su