Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

los deseos de la madre. En el embarazo, la protección de la vida del feto
prevalece fundamentalmente [por principio] sobre el derecho de
autonomía de la mujer embarazada y no puede ser cuestionado durante un
plazo determinado. Sin embargo, existen situaciones en las cuales el
Estado no puede imponerle a la mujer encinta la obligación de continuar
con el embarazo y el legislador, al contemplar tales situaciones, no puede
exigirle a la mujer que sacrifique sus derechos. El Legislador puede
cumplir con el mandato de desaprobar jurídicamente el aborto a través de
medios distintos a la sanción penal. Lo que es definitivo es que la
totalidad de las medidas destinadas a proteger la vida del nasciturus le
garantice una protección real y acorde con su importancia. En casos
extremos, cuando la protección ordenada por la Constitución no puede ser
alcanzada a través de otro medio, el Legislador está obligado a recurrir al
derecho penal para brindar seguridad a la vida que se desarrolla. No se
puede exigir la continuación del embarazo cuando su interrupción es
requerida para evitarle a la mujer embarazada un peligro para su vida o un
grave deterioro de su salud. Además, el Legislador está en libertad para
decidir en qué otros casos, en los que la mujer embarazada esté sometida
a condiciones extraordinarias asimilables a las anteriores, no se le puede
exigir a la mujer que continúe con el embarazo, de manera que la
interrupción del mismo no sea penada. Tales condiciones indican que el
Estado no puede exigir la continuación del embarazo, y debe respetar la
decisión que en conciencia adopte la mujer. Sin embargo, el legislador
debe describir con precisión tales indicaciones las cuales comprenden
situaciones de colisión de derechos. Entre estas cabe la situación de
necesidad social de la mujer y su familia, pero el legislador ha de
establecer procedimientos previos de persuasión y apoyo a la mujer para
que continúe su embarazo 269 .
Después de la sentencia anterior, el Parlamento aprobó, en 1976, la
decimoquinta Ley para la Reforma del Derecho Penal, denominada
reglamentación de indicaciones, que rigió hasta el año 1992. Entre otras cosas, la
Ley permitió la interrupción del embarazo dentro de las 12 semanas posteriores a
la concepción para aquellos casos en los que se pudiera establecer que la mujer
se encontraba en ciertas situaciones graves de necesidad. Como lo dice el mismo
Tribunal en la sentencia BVerGE 88, esta ley determinó “que, en principio, todo
aborto practicado después de la nidación es sancionable. Sin embargo, la
interrupción del embarazo dentro de un determinado plazo no será sancionable
cuando es practicada por un médico, con consentimiento de la mujer, y cuando
269 Tribunal Constitucional Federal. BVerfGE 39, 1. Febrero 25 de 1975. Control abstracto del
Artículo 218 del Código Penal. Interrupción del embarazo I (Schwangerschaftsabbruch I) Votación:
6:2.