Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

9.3.2. Todos los derechos merecen protección del Estado pero cuando se presenta
un conflicto entre ellos, debe entenderse que ningún derecho es absoluto y por tanto
puede ser ponderado frente a otros. En el caso de las circunstancias en que se atenúa
la pena de aborto, no se trata del desconocimiento del derecho a la vida sino de
revisar en qué consiste tal protección y si ella resulta adecuada constitucionalmente,
en la ponderación con otros derechos. Así, en la mayoría de los países llamados
occidentales, se protege el derecho a la vida pero se han adoptado mecanismos de
protección que no desconozcan o afecten en la menor medida posible otros derechos
igualmente dignos de protección.
9.3.3. El análisis que aquí se hace no implica el desconocimiento de ninguna
concepción religiosa, no desconoce el ámbito de libertad e intimidad de las personas
respecto de sus concepciones y no obliga a nadie a actuar en contra de ellas.
Solamente, implica el replanteamiento de la actuación del Estado para determinar si
éste resulta excesivo en términos de el grado en que el Estado cumple sus
obligaciones de educación, prevención y asistencia, frente a las cargas que impone
y las conductas que puede exigir dentro del marco constitucional del respeto a la
dignidad humana, a la libertad, a la intimidad y a la protección de los derechos de las
personas. Todo ello a la luz de las normas que conforman el bloque de
constitucionalidad.
9.4. La necesidad, racionalidad y proporcionalidad de la penalización de la
interrupción voluntaria del embarazo en los casos que plantea el artículo 124
del Código Penal
9.4.1. En la sentencia C-647 de 2001, la Corte declaró la constitucionalidad del
parágrafo del artículo 124 del Código Penal, considerando que corresponde al
juez determinar en cada caso concreto si se cumplen los requisitos de tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad, al evaluar la responsabilidad de la sindicada y si
es del caso, imponerle la pena correspondiente.
En el presente caso, no se trata de evaluar si es constitucional que en los casos
de que trata el artículo 124 de la Ley 599 de 2000, se tengan en cuenta estas
circunstancias como atenuantes e incluso como excluyentes de la pena, sino,
como lo dice la misma sentencia, estamos en el paso anterior del orden lógicojurídico,
es decir, en el cuestionamiento de la naturaleza misma de delito de esta
conducta en esas situaciones. Es decir estamos en el punto “nullum crimen sine
lege” (vale precisar, sin ley justa), antes que ver “nullum poena sine lege”.
La legislación penal, en la misma norma en que dispone que la imposición de las
penas debe inspirarse en el principio de la necesidad de las mismas, establece que
ese principio "se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las
instituciones que la desarrollan". (Inciso final del artículo 3o. de la Ley 599 de
2000).