Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

Se declarará por lo tanto ajustado a la Constitución el artículo 122 del Código
Penal en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la
voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes
casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o
la salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave
malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c)
cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada,
constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de
inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o
de incesto.
10.2. La inexequibilidad de la expresión “o en mujer menor de catorce años”
contenida en el artículo 123 del Código Penal.
El artículo 123 del Código Penal sanciona el aborto causado sin consentimiento
de la mujer o en mujer menor de catorce años. La disposición demandada
establece por lo tanto una presunción, cual es que la mujer de catorce años
carece de capacidad para consentir el aborto, y en esa medida su consentimiento
no es relevante desde el punto de vista de la sanción penal.
Se trata por lo tanto de una medida cuya finalidad esencial no es la protección de
la vida en gestación, pues este bien resulta protegido de manera amplia y general
por medio del artículo 122 ya analizado, sino específicamente en protección de
la menor de catorce años embarazada, mediante la presunción que ésta es
incapaz de consentir el aborto, lo que se infiere claramente de la lectura del tipo
penal, el cual no prevé una sanción para mujer embarazada sino para quien cause
el aborto sin su consentimiento.
Ahora bien, esta Corporación se ha pronunciado en reiteradas oportunidades
sobre la posibilidad de que el ordenamiento jurídico establezca medidas de
especial protección para ciertos sujetos y específicamente para los menores de
edad 123 . Como se hizo alusión en acápites anteriores de esta decisión, tales
medidas de protección se han encontrado justificadas especialmente cuando se
trata de menores de edad porque éstos “se encuentran en situaciones
temporales de debilidad de voluntad o de incompetencia, que les impiden
123 Baste citar aquí la sentencia C-534 de 005 en la cual se sostuvo:
La protección jurídica corresponde a un deber del Estado, a un derecho de los ciudadanos y en
algunos casos a un beneficio o prerrogativa, que es igualmente un derecho, pero especial y reforzado.
De este modo, el derecho especial y reforzado de protección jurídica de menores de edad, tal como lo
define nuestro orden constitucional en los artículos 44 y 45 de la C.P, debe ser entendido como una
prerrogativa o beneficio en su favor. Así, resultan estrechamente relacionados los criterios con base
en los cuales se define la medida de la protección jurídica de ciertos intereses de ciertas personas, con
los criterios que subyacen a la asignación de cargas y beneficios en la sociedad (entendida pues, – se
insiste- la mencionada protección como un beneficio o prerrogativa, en el caso de los y las menores de
edad). Esto es, con los criterios que informan el análisis del principio y el derecho a la igualdad del
artículo 13 de la Carta.