Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

4.1. En casos como el presente, en el que se toca una materia que afecta las más
profundas concepciones éticas de los individuos, es normal que se aduzcan razones
que atacan o defienden la norma desde catálogos morales o religiosos, que el
ordenamiento constitucional respeta y protege, pero que no son pertinentes frente al
control constitucional. Si bien la Corte y el Ministerio Público deben y pueden
indagar sobre la postura que frente a un determinado tema tienen los distintos
actores de la sociedad y éstos a su vez pueden hacerla conocer a través de la
intervención ciudadana que existe en todos los procesos de constitucionalidad, con
el fin de enriquecer el pronunciamiento que ambas entidades deben hacer en defensa
del orden jurídico, entendido éste como una textura viva y cambiante. Sin embargo,
las distintas posturas no pueden condicionar el ejercicio de la función asignada a
estas dos entidades.
4.2. En este orden, ha de tenerse en cuenta por la sociedad colombiana que las
encuestas o las manifestaciones masivas frente a un tema como éste u otros, no
pueden tenerse como un criterio definitorio en estos procesos pues si ello fuera, el
debate se reduciría a la consideración de posturas coyunturales y las minorías
quedarían siempre vencidas, lo cual es contrario al espíritu del Estado democrático
que es Colombia.
La función del control constitucional es definir si una determinada norma es
compatible o no con los principios y preceptos adoptados en la Constitución, que
define al Estado como un Estado laico, cuyo fundamento está en la libertad religiosa
y de conciencia de los habitantes del territorio. Un Estado pluralista en el que las
actuaciones de las autoridades deben ser inclusivas, comprensivas de esa diversidad,
libertad y pluralidad y orientadas a la realización de los fines señalados en la Carta,
de conformidad con el preámbulo y los artículos 1°, 2°, 5°, 7°, 16, 18, 19, 20, 93.
El sopesamiento de los valores, principios y derechos fundamentales que en un
momento dado puedan resultar en tensión por el contenido normativo de un precepto
legal, debe realizarse únicamente dentro del marco jurídico y político establecido
por la Carta y no en valores exógenos a ella que si bien son válidos no hacen parte
del ordenamiento jurídico constitucional.
5. La dignidad humana como parámetro para resolver la tensión que se
presenta en la norma acusada
5.1. La primera de las tensiones que plantea el precepto acusado, se da entre la
autonomía de la mujer sobre su proyecto de vida, sobre su cuerpo; expresión de
valores jurídicos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la
libertad de conciencia y el derecho a la honra, en algunos de los cuales se hallan
implícitos otros derechos de orden jerárquico inferior como el de la pareja a decidir
libre y responsablemente el número de sus hijos, de una parte, y de otra, la