Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

1. Para prevenir el aborto inducido y la morbimortalidad por aborto es prioritario
trabajar en varios frentes: (i) prevenir el embarazo indeseado y poner especial
interés a los aspectos socioculturales, así como precisar las cargas que
corresponde cumplir a la familia, la sociedad y el Estado y garantizar
servicios de salud sexual y reproductiva con calidad; (iii) adecuar a los
requerimientos nacionales e internacionales la legislación para evitar la
muerte de mujeres con ocasión de las precarias y clandestinas condiciones en
que son atendidas en el caso del aborto inducido; (iii) promover y controlar la
calidad de los servicios de salud para las mujeres, en particular para
adolescentes y las mujeres más pobres.
2. Catalogándose el aborto inducido en condiciones inseguras en Colombia,
como un problema de derechos humanos, justicia social y salud pública'25,
frente a una decisión favorable de la Corte a la despenalización del aborto,
bien sea por la vía de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 122,
123 (parcial) y 124 del Código Penal o la declaratoria de constitucionalidad
condicionada de tal forma que no sean penalizadas las siguientes
circunstancias y en consecuencia se pueda interrumpir el embarazo: (i)
cuando se encuentre en peligro la vida o la salud de la madre; (ii) cuando el
embarazo sea el resultado de violación, de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentidas; (iii) cuando exista una
malformación fetal; el Sistema de Salud con el apoyo de las demás entidades
competentes deberá adoptar inmediatamente y de manera prioritaria la
regulación y adecuación de programas tendientes a garantizar la prestación de
servicios de aborto seguro en forma oportuna para todas las mujeres. Esto es
fundamental en la medida en que despenalizar no es suficiente por sí mismo
sino que dicha decisión necesariamente debe ir acompañada de un marco
regulativo del sector salud que garantice la prestación y organice la provisión,
sistemas de información para la vigilancia, el control, el monitoreo y la
evaluación de los servicios. Estos servicios deben hacer parte de las
prestaciones obligatorias del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
3. En el evento de que el personal médico se niegue a prestar el servicio que la
niña o la adolescente requieren con base en la objeción de conciencia, el
Sistema de Salud debe introducir medidas que aseguren su atención por
prestadores de salud alternativos de manera inmediata y prioritaria cumplidos
los requisitos que prevea la ley para estos casos. En consecuencia, se debe
prohibir cualquier conducta que comprometa, vulnere o ponga en riesgo o
peligro el derecho a la salud y/o a la vida de la niña o adolescente.
4. El personal de salud, debe tener una visión más holística de la situación que
viven las niñas y adolescentes en tales circunstancias y comprender cuáles
son sus condiciones y necesidades, así como capacitarse para dar una
respuesta verdaderamente integral en desarrollo de la propuesta de la