Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

y evidente, que no merece más consideraciones. Pero, adicionalmente, la vida
humana entendida como derecho no admite gradaciones o restricciones.
Ciertamente, no se puede estar más o menos vivo. Simplemente se está vivo o se
está muerto. Cosa que no sucede respecto de los demás derechos que, por su
estructura y modo de ejercicio, pueden reconocerse en mayor o menor grado
respecto de su titular. Así por ejemplo, como es sabido, la libertad o la igualdad
admiten restricciones (no su desconocimiento), en aras del logro de objetivos
constitucionales relevantes.
La vida en cambio es inviolable, consecuente con ello, no admite nuestra
Constitución la pena de muerte. Podría la ley exigir que la vida se ponga en
riesgo a fin de lograr objetivos constitucionalmente importantes, como de hecho
puede en ciertas circunstancias suceder en el ejercicio de ciertas profesiones
como la médica o la militar, o en el cumplimiento de deberes constitucionales,
como el de prestar servicio militar. Pero el sacrificio mismo de la vida en aras
de cualquier otro objetivo externo al sujeto, por loable que sea, no es exigible en
derecho.
Ahora bien, sobre la necesidad de acudir a criterios de jerarquización para
resolver conflictos entre derechos, la Corte constitucional ya se había
pronunciado así:
“Si el conflicto entre los intereses en juego - en sus respectivos ámbitos
garantizados por la Constitución - se lleva hasta sus últimas consecuencias,
habrá de ensayarse un criterio de jerarquización que resulte plausible. Entre los
bienes jurídicamente protegidos, la vida y la integridad física, como
supuestos de los restantes derechos, tienen carácter primario. En
consecuencia, su salvaguarda debe ser prioritaria.” 501 (Negrillas fuera del
original)
b) El criterio de ponderación de derechos.
El otro criterio al que usualmente acude la ciencia constitucional para resolver
conflictos de derechos es el criterio de la ponderación. La ponderación de
derechos, entendidos como principios, parte de la base de que las normas que los
reconocen son mandatos de optimización. En este sentido dice Alexy: En tanto
tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible
según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que pueden ser
realizados en diferente grado y que la medida de su realización depende no
solo de las posibilidades fácticas sino también jurídicas. Las posibilidades
jurídicas de la realización de un principio están determinadas esencialmente, a
501 Sentencia C-041 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.