Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

la libertad de configuración del legislador en materia sancionatoria en general y
especialmente en materia penal.
8.3. La salud, así como la vida y la integridad de las personas, como límite a
la libertad de configuración del Legislador en materia penal.
Al igual que la vida y la dignidad humana la salud desempeña múltiples
funciones en nuestro ordenamiento constitucional. Por un lado se trata de un bien
constitucionalmente protegido que justifica la adopción estatal de medidas para
su defensa y deberes en cabeza de los particulares, pero simultáneamente es un
derecho constitucional con múltiples contenidos y un servicio público a cargo del
Estado.
La Corte Constitucional ha señalado en numerosas oportunidades que el derecho
a la salud, si bien no se encuentra incluido formalmente entre los derechos que
la Carta Política cataloga como fundamentales, adquiere tal carácter
cuandoquiera que se encuentre en relación de conexidad con el derecho a la
vida, es decir, cuando su protección sea necesaria para garantizar la continuidad
de la existencia de la persona en condiciones de dignidad 90 .
También ha considerado la Corte, que la vida humana, en los términos de la
garantía constitucional de su preservación, no consiste solamente en la
supervivencia biológica sino que, tratándose justamente de la que corresponde al
ser humano, requiere desenvolverse dentro de unas condiciones mínimas de
dignidad. Y, como la persona conforma un todo integral y completo, que
incorpora tanto los aspectos puramente materiales, físicos y biológicos como los
de orden espiritual, mental y síquico, para que su vida corresponda
verdaderamente a la dignidad humana, deben confluir todos esos factores como
esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del individuo.
inexequibilidad de distintas disposiciones del Decreto-Ley 1136 de 1970 las cuales establecían que
quien ejerza en lugar público o abierto al público la mendicidad, la drogadicción, el alcoholismo o se
encuentre en estado de enfermedad mental perturbando la tranquilidad pública, será sometido a
tratamiento médico en un asilo, clínica, hospital u otro establecimiento público adecuado para el
efecto hasta obtener su curación o rehabilitación definitiva, siempre que carezca de medios propios de
subsistencia y no tenga una persona obligada y capaz de prestárselos, en caso contrario, dicho
tratamiento clínico se podrá adelantar en su propio domicilio o en un establecimiento privado a su
costa. A juicio de la Corte dichas disposiciones al habilitar al Estado para imponer sanciones cuando
no se sigue el modelo de virtud y excelencia establecido por el legislador resultan contrarias al Texto
Fundamental, pues manifiestan políticas perfeccionistas del ser humano, que desconocen los derechos
fundamentales a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad y los principios
constitucionales de autonomía personal y pluralismo democrático. El carácter coercitivo de tales
medidas se expresa -en criterio de la Corte- en la posibilidad de privar la libertad personal al
mendigo, drogadicto o alcohólico a través de su reclusión en un asilo, clínica u otro establecimiento
hospitalario, por el sólo hecho de alterar la tranquilidad pública en uno de los citados estados de
alteración física y psíquica.
90 Entre otras, se pueden consultar las sentencias T-300 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández),
T-484 de 1992 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-491 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-576 de
1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-419 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).