Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

6. El bloque de constitucionalidad: La obligatoriedad de los tratados
internacionales y las recomendaciones de los organismos internacionales
con relación a los derechos humanos y en particular, con respecto a la
penalización general del aborto
6.1. El artículo 93 de la Carta consagra la prevalencia en el orden interno de los
tratados internacionales sobre derechos humanos y señala que “Los derechos y
deberes consagrados en esta Carta, se interpretan de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”
Si bien al Ministerio Público no le corresponde hacer un análisis pormenorizado en
este concepto sobre la evolución que a lo largo de la jurisprudencia constitucional
colombiana ha tenido la noción del bloque de constitucionalidad, la que por cierto se
encuentra ampliamente descrita en artículos del profesor Rodrigo Uprimny Yepes y
que reciente está recogida en uno que aparece publicado por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, en Reflexiones sobre el nuevo Sistema Procesal, es necesario
determinar si aquellos expresiones de los órganos internacionales como la ONU y
que no tiene la naturaleza de tratados internacionales, pueden a partir de los artículos
93 y 94 de la Constitución, formar parte de lo que la doctrina y la jurisprudencia han
denominado “Bloque de constitucionalidad”, entendido como todas aquellas
manifestaciones que sin estar formalmente en el articulado de la Carta, hacen parte
de ella por la remisión que el mismo Constituyente hizo a ellas para que tuviesen el
mismo grado de coercibilidad y obligatoriedad de uno de sus mandatos.
6.2. Señala el artículo 93, inciso 2 de la Constitución, que los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. A partir de este
mandato, la Corte Constitucional ha admitido no sólo que los tratados de derechos
humanos sino que la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos
humanos es relevante y ha de tenerse en cuenta al momento de interpretar derechos
consagrados en la Constitución, pues esas interpretaciones deben ser tenidas en
cuenta cuando ellas contienen un estándar de protección mayor al que consagra la
Constitución o la jurisprudencia constitucional (sentencias C-010 de 2000; C-04 de
2003 y T-453 de 2005, entre otras). Es por ello, que también ha de admitirse la
doctrina de instancias tales como la Corte Europea de Derechos Humanos, etc, en la
medida que allí se hagan interpretaciones de mayor protección a los derechos que se
consagran en la Constitución.
Lo anterior es coherente si se tiene en cuenta que la Constitución de 1991 es
garantista, desde el preámbulo; en la definición del Estado, cuyo fundamento es el
respeto de la dignidad humana, en los elementos que justificación la existencia del
mismo; en el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de las
personas, respecto de los cuales, el texto constitucional no sólo consagra una amplia
carta de derechos y mecanismos efectivos para su protección, sino que señala la