Sentencia C-355/06 EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-No ...

La vida intrauterina es un bien constitucionalmente protegido, y comparte la
protección conferida a la vida humana en general, en cuanto bien
constitucional objetivo.
Solo las personas pueden ser titulares de derechos fundamentales, pero el
régimen constitucional de protección especial al derecho a la vida, como
uno de los “derechos, libertades y garantías personales”, se aplica
directamente y de pleno a la vida intrauterina.
Por lo tanto, es constitucionalmente admisible que la vida prenatal tenga
que ceder, en caso de conflicto, con otros valores o bienes
constitucionales, pero sobretodo con ciertos derechos fundamentales, tales
como los derechos de la mujer a la vida, a la salud, al buen nombre y
reputación, a la dignidad y a la maternidad conciente.
Los casos previstos en la legislación impugnada configuran situaciones
típicas de conflicto entre la garantía a la vida intrauterina y ciertos
derechos fundamentales de la mujer y otros valores o intereses
constitucionalmente protegidos; en ninguna de esas situaciones de colisión
es ilegítima, en términos constitucionales, la solución de despenalización
del aborto, que en esas circunstancias, será practicado para hacer
prevalecer los derechos e intereses constitucionales legítimos de la mujer.
Las medidas penales son constitucionalmente admisibles cuando sean
necesarias, adecuadas y proporcionales a la protección de determinado
derecho o interés constitucionalmente protegido, y solo será
constitucionalmente exigible cuando se trate de proteger un derecho o un
bien constitucional de primera importancia y cuando esa protección no
pueda ser garantizada de otro modo.
Los casos contemplados por las normas impugnadas, constituyen
situaciones de conflicto, de tal naturaleza y gravedad, que no se puede
considerar apropiado o proporcional imponerle a una mujer embarazada,
mediante instrumentos penales, que sacrifique sus derechos o intereses
constitucionalmente protegidos en favor de la continuación del
embarazo 296 .
296 Tribunal Constitucional portugués Decisión 85-085-P. 1985. Votación: 6-3. Texto original:
“"meros pareceres"; são decisões com natureza identica (embora com diversos efeitos) a dos restantes
acordãos. E o Tribunal Constitucional pode pronunciar-se, em fiscalização abstracta sucessiva, sobre
a constitucionalidade de normas que ja apreciara em fiscalização preventiva. Isto decorre
directamente da natureza do controlo da constitucionalidade, que consiste em apreciar e declarar (ou
não) a inconstitucionalidade e não em declarar a constitucionalidade. Por isso, as unicas decisões do
Tribunal Constitucional em materia de controlo de constitucionalidade que impedem que a questão
venha a ser novamente apreciada são as que, em fiscalização sucessiva abstracta "declara a
inconstitucionalidade"; mas e pela simples razão de que então as normas deixam de vigorar,