Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

que la demandada se encuentra ocupando dicho inmueble.
Corresponde a la demandada probar que la ocupación del inmueble es detentada por título distinto a la
mera tolerancia del actor. Para tal efecto, acompañó en esta instancia un contrato de arrendamiento
suscrito con fecha 14 de julio de 2004, por el cual un tercero da en arrendamiento a la demandada el
inmueble sublitis, por el plazo de trece meses, comenzando a regir el contrato el día 5 de enero de
2004.
Este contrato se celebró aproximadamente tres años después de haber adquirido el actor el dominio del
inmueble dubitado.
Preciso es resolver si el contrato acompañado por la demandada es título que habilite la ocupación,
puesto que no emana del actor sino de un tercero.
La jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha resuelto que “para que un contrato de
arrendamiento pueda enervar la acción del comodato precario que se basa en el inciso 2 del artículo
2195 del Código Civil, es necesario que tal contrato obligue al dueño de la propiedad y no a un tercero
que no tenga esa calidad” (Corte Suprema. En Fallos del Mes Número 154, páginas 202 y siguientes y
en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XLVII, segunda parte, sección 1, página 36).
También se ha fallado que para que el título de ocupación de una propiedad sea oponible al dueño, éste
debe estar obligado a respetarlo, situación que no ocurre en el caso, en que el invocado es una
convención existente entre el demandado y un tercero ajeno al juicio, a cuyo nacimiento no concurrió
el actor y sin que exista disposición alguna que lo obligue a respetarlo (Corte Suprema. En Fallos del
Mes Número 488, página 1243).
A su vez, la doctrina ha dicho que para enervar la acción de precario debe tenerse un título que obligue
al propietario (René Ramos Pazos. En Revista de Derecho Número 180, Universidad de Concepción,
página 13).
De lo expuesto fluye que el título aducido por la demandada es inoponible como fuente de obligación
para el propietario, y por consiguiente debe concluirse que la demandada ocupa el inmueble por mera
tolerancia de aquél.
Por lo anterior, al no haber probado la demandada que su ocupación derive de una situación distinta de
la mera tolerancia alegada por el actor, factor que era de cargo suyo, como ya se dijo, forzoso es
concluir que debe acogerse la demanda al reunirse las exigencias de la acción intentada.
En el escrito de apelación el apoderado de la demandada solicita que se revoque la sentencia de primer
grado y en su lugar se rechace la demanda en todas sus partes, con costas, porque la demandada carece
de legitimación pasiva, de manera que no es legítima contradictora en esta causa, pues la tenencia de
ésta emana de un contrato de arrendamiento celebrado el 14 de julio de 2004 con un tercero, quien a su
vez conduce mandato de la propietaria, por lo que, conforme al artículo 1931 del Código Civil, la
acción debe dirigirse en contra del arrendador.
Toda la fundamentación del recurso de apelación de la demandada a que se ha hecho referencia, está
fuera de lugar, por cuanto ella no contestó la demanda en la oportunidad procesal correspondiente, de
manera que, salvo los casos de excepción señalados en el artículo 312 del Código de Procedimiento
Civil, precluyó su derecho a oponer excepciones en contra de la demanda entablada por el actor. Es así
porque el sentenciador sólo está obligado a decidir en forma expresa las acciones (pretensiones) y
excepciones hechas valer oportunamente por las partes, pero no las deducidas en forma extemporánea,
más aún cuando el recurrente las ha planteado bajo la apariencia de una mera alegación o defensa. Lo
que no dijo la demandada cuando le correspondía en el juicio, no puede decirlo ahora y menos
controvertir lo que no discutió oportunamente.
RECURSO= Casación en el Fondo
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Septiembre, 8, 2005
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Enrique Tapia Witting, Jorge Rodríguez
Ariztía, Domingo Kokisch Mourgues, y los abogados integrantes René Abeliuk Manasevich y Oscar
Carrasco Acuña.