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Constitución, ni con los artículos 1 y 109 del Código Orgánico de Tribunales, este último conocido
como regla de la radicación o fijeza, que impide semejante revocación.
Por otra parte, entre los principios consagrados en nuestra Constitución Política para el correcto y
eficiente desempeño de los órganos jurisdiccionales destaca, a efecto de discernir el tema de la
constitucionalidad sublite, el de la legalidad, contenido en los artículos 73 inciso 1, y 74 inciso 1, de la
Carta Fundamental, según los cuales sólo en virtud de una ley se pueden crear tribunales, a los que
pertenece exclusivamente la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de
hacer ejecutar los juzgado, enunciado que se desprende también de los artículos 19 número 3 inciso 4,
y 38 inciso 2, de la Carta Política, conforme a los cuales “nadie puede ser juzgado por comisiones
especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta” y
que “cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus
organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley”. Es así
como nuestro sistema jurídico establece a la ley como única fuente creadora de los tribunales y deja
excluido todo otro tipo de origen distinto, al extremo que ni siquiera el Presidente de la República
puede hacerlo mediante las disposiciones con fuerza de ley requeridas al Congreso Nacional de acuerdo
con el artículo 61 de la Constitución, ya que esta autorización no puede comprender, entre otras
materias, aquellas que afecten la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder
Judicial, ni a las cuestiones que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum
calificado, cuyo es el caso de los tribunales, con arreglo a lo que prescribe el artículo 74.
Como ya se expresó en el motivo octavo de la presente resolución, el marco legal que los citados
artículos 6 letra b) número 6 y 115 inciso 1, del Código Tributario y 19 letra b), de la Ley Orgánica del
Servicio de Impuestos Internos le asignan a los Directores Regionales del Servicio en el carácter de
jueces especiales con competencia para conocer y fallar reclamos y denuncias tributarias, se encuadra
en dicho principio de la reserva o legalidad, que nuestra carta magna fija para el establecimiento de los
tribunales, pues tal normativa legal es la fuente inmediata de su creación.
No ocurre lo mismo con el artículo 116 del Código Tributario, que permite a esos jueces especiales que
son los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos autorizar a funcionarios del Servicio
para conocer y fallar reclamaciones y denuncias obrando “por orden del Director Regional”, que son
precisamente aquellas potestades jurisdiccionales de que los ha investido la ley y, en consecuencia, esta
verdadera delegación de esas facultades significa conferirles la calidad de órgano jurisdiccional a
determinados funcionarios del Servicio, en circunstancias que sólo la ley puede otorgar semejante
carácter y entonces se contraviene el reseñado principio de la reserva o legalidad respecto de la
organización y atribuciones de los tribunales.
A pesar que dicho artículo 116 del Código Tributario forma parte de una ley orgánica constitucional,
con arreglo a lo preceptuado en la disposición quinta transitoria de la Carta Fundamental, ello no
excluye la contradicción, desde el momento que el tratamiento privilegiado que, en atención a su
importancia, le dispensa la Constitución Política a dichas leyes y que se traduce en un quórum elevado
para su aprobación, modificación o derogación (artículo 63 inciso 2) y en el control preventivo que
sobre ellas ejerce el Tribunal Constitucional (artículo 82 número 1), no les hace variar el rango jurídico
de leyes, subordinadas en el ámbito jerárquico normativo a los principios de la Constitución, lo que
destaca la propia disposición quinta transitoria que le entrega esa condición de ley orgánica
constitucional, cuando supedita su aplicación como tal “en lo que no sean contrarias a la Constitución”.
El Fisco de Chile, al contestar el traslado que le fue conferido respecto del recurso de inaplicabilidad
intentado, sostiene la inexistencia de la oposición entre la regla legal y las constitucionales que alegan
las comparecientes, por cuanto la ley ha creado y organizado los tribunales tributarios y no hay una
delegación o traspaso de facultades para resolver esas reclamaciones tributarias, sino que el Director
Regional se ha limitado a designar el funcionario destinado a ejercer su propia potestad jurisdiccional
prevista en la ley y ello no convierte en comisión especial al funcionario nominado, sino que es un
tribunal establecido de acuerdo con la ley y con anterioridad a los hechos de los cuales entra a conocer,