Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

el cumplimiento de la legislación laboral, actuando el fiscalizador en ejercicio de tales facultades,
instruyendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de subcontratación,
específicamente, lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo.
Manifiesta que no se da en los hechos el requisito de la letra c) del artículo 183 A del Código del
Trabajo, por cuanto la empresa contratista no ejecuta la faena encomendada por su cuenta y riesgo.
Finalmente expone que tal actuación preparatoria no es arbitraria, pues la instrucción y constatación fue
efectuada luego de una visita al terreno, estudio de antecedentes y razonamientos lógicos y
concordantes con la realidad.
En primer término, corresponde a este Tribunal de Alzada hacerse cargo de la alegación de la recurrida,
relativa a la improcedencia del presente recurso por existir otros medios más adecuados para la
resolución de este conflicto. A este respecto, a la luz de los antecedentes ponderados, se desestimará
dicha solicitud, por cuanto esta acción proteccional puede ser impetrada con el fin de cautelar las
garantías fundamentales que se tutelan en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ello es sin perjuicio
de las demás vías procesales que sean pertinentes, según lo dispone expresamente el citado precepto
constitucional.
Ahora bien, en lo concerniente a la argumentación de la recurrida, que el presente recurso debe ser
desestimado por la naturaleza misma del acto impugnado, que en su concepto constituye un acto
preparatorio, resulta imperativo señalar que el recurso de protección tiene, entre otras finalidades, una
preeminente, que se traduce en el resguardo de los derechos de las personas, a través de dictación de las
providencias necesarias, con el objeto de brindarles amparo respecto de actos que los privan, perturban
o amenazan sus garantías constitucionales, erigiéndose precisamente esta acción como un remedio
eficaz para proteger al recurrente de la amenaza que los actos del recurrido le provocan, por lo que tal
excepción deberá igualmente ser rechazada.
Por otro lado, de lo expuesto por los contendientes se puede colegir que efectivamente un fiscalizador
de la recurrida se constituyó en dependencias de recurrente, ubicadas en donde se indica, realizó
entrevistas a parte del personal que allí laboraba, revisó diversos contratos de trabajo, constató
situaciones fácticas y por esa vía detectó vínculos de subordinación y dependencia entre estos
trabajadores y la recurrente, no obstante que éstos habían celebrado contratos de trabajo con la empresa
contratista mencionada y mediante la interpretación de la realidad que apreció, determinó que la
recurrente había infringido el artículo 183 letra A del Código Laboral, atribuyéndole el carácter de
dueño de la obra y como tal, de empleador de los citados trabajadores y concluyó que, bajo el
subterfugio de contratos simulados, el recurrente ha eludido las obligaciones que le corresponden en el
ámbito laboral.
De lo antes expuesto, ha quedado en evidencia que la Inspección del Trabajo, a través de uno de sus
personeros, se ha pronunciado en el caso sub iúdice interpretando la ley laboral, calificando los
contratos de trabajo del personal suscritos con la empresa contratista mencionada, como convenciones
simuladas, concluyendo por una exégesis de la realidad con relación a la normativa legal vigente, que
la empresa recurrente se encuentra en abierta infracción a las normas laborales.
Lo anterior implica pronunciarse sobre una materia que se encuentra al margen de las facultades
conferidas a la Inspección del Trabajo, pues dicho asunto debatido debe ser resuelto por la judicatura
que conoce de estas controversias, ya que lo descrito tiene relación con derechos que se encuentran
dubitados, correspondiendo su análisis, debate y prueba ante la autoridad jurisdiccional pertinente, en
un procedimiento contencioso, de lato conocimiento, y que otorgue a las partes en conflicto la
posibilidad de accionar, excepcionarse, rendir sus pruebas, argumentar, contra argumentar y deducir los
recursos que sean del caso.
Por lo argüido en la reflexión precedente, se desprende que la recurrida se arrogó facultades propias y
excluyentes de los tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los Juzgados del
Trabajo, al haber interpretado materias jurisdiccionales, ya que de conformidad con el artículo 420 del
Código del Trabajo, corresponde a los Juzgados Laborales conocer de las cuestiones o controversias