Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia
FECHA= 20.09.2007
ROL= 3863-07
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 309 CTRAB, 476 CTRAB; 1 DFL 2, Trabajo, 1967
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Objeto.
Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Requisitos. Requisitos Recurso de
Protección, Acto Ilegal o Arbitrario. Recurso de Protección, Multa Dirección del Trabajo. Multa
Dirección del Trabajo, Procedencia. Dirección del Trabajo, Facultades. Dirección del Trabajo,
Facultades Funcionarios. Facultades Funcionarios Dirección del Trabajo, Multas. Dirección del
Trabajo, Fiscalización. Fiscalización Dirección del Trabajo, Multas. Multa Dirección del Trabajo,
Separación Ilegal de Funciones. Separación Ilegal de Funciones, Trabajadora con Fuero Laboral.
Fuero, Negociación Colectiva. Separación Ilegal de Funciones, Efectos. Efectos Separación Ilegal de
Funciones, Multa
EXTRACTO= Se decreta la vista conjunta de esta causa con el Rol Ingreso Corte singularizado,
recurso de protección seguido entre las mismas partes.
El recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea
privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el
artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar
destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio
del Derecho.
El acto ilegal y arbitrario que el recurrente atribuiría a la Inspección Provincial del Trabajo consiste en
haber dictaminado, por Resolución de fecha 14 de diciembre de 2006, la aplicación de multa, por los
siguientes fundamentos: “Separar ilegalmente de sus funciones a la trabajadora nombrada, sin contar
para ello con la autorización previa del Juez competente habiéndose constatado que se encuentra
amparada con fuero laboral, por encontrarse involucrada en la negociación colectiva”, interpretando
una cláusula contractual y calificando jurídicamente el contrato de trabajo, lo que corresponde hacerlo
a los Tribunales de Justicia establecidos por la ley, en el ejercicio de su función jurisdiccional, previa
tramitación de un debido proceso que otorgue a ambas partes garantías de imparcialidad, bilateralidad
de la audiencia y la posibilidad de ejercitar una defensa jurídica eficaz.
La recurrente impugna las actuaciones de la recurrida, por considerar que el señor Inspector del Trabajo
se atribuyó funciones exclusivas de los Tribunales de Justicia.
Informando al tenor de lo expuesto por el recurrente, la representante de la Inspección del Trabajo
informa que la actuación de su recurrida no ha sido arbitraria ni contraria a la ley, sino que, por el
contrario, ha sido efectuada de acuerdo a las facultades que la legislación le otorga, por lo que solicita
se rechace íntegramente esta acción de protección.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Número 2 de 1967, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y lo preceptuado en el artículo 476 del Código del Trabajo,
corresponde a la Dirección del Trabajo la fiscalización de la aplicación de la normativa laboral, en
cumplimiento a lo establecido en el inciso final del artículo 2 del Código del Trabajo, que determina
que el Estado debe amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de
velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última
que corresponde cautelar, en representación del Estado, a la Dirección del Trabajo, por lo que, debe
fiscalizar la aplicación de la ley laboral.
Mediante la presentación aludida compareció la recurrente, interponiendo recurso de protección contra
la Inspección Comunal del Trabajo, en razón de que producto de una fiscalización practicada al
establecimiento, se le impuso una multa por Resolución de fecha 14 de diciembre de 2006, por los
siguientes fundamentos: “Separar ilegalmente de sus funciones a la trabajadora nombrada, sin contar
para ello con la autorización previa del Juez competente habiéndose constatado que se encuentra
amparada con fuero laboral, por encontrarse involucrada en la negociación colectiva”.