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podía discutir la causal o justificación del hecho primero, esto es, el despido.
Cuando en un proceso se establece indubitadamente el hecho del despido, es efectivo que sobre la parte
demandada pesa la carga de la prueba en cuanto a la efectividad de la causal invocada. Pero cuando la
demandante sostiene un hecho positivo, como es el despido, la acción positiva de despedir, es ella
quien tiene la carga de la prueba, debido a la regla general de que quien alega es el que tiene que
probar.
La apelante sostiene que sus dos testigos estaban contestes en el hecho del despido de la actora, pero
ello sólo es cierto a medias, ya que uno de ellos sólo supo la información de oídas. Por otra parte, a esta
misma prueba se opone la testimonial de la demandada en orden a asegurar que a la actora nunca se le
despidió.
A mayor abundamiento, es la propia actora, en su declaración ante la inspección del trabajo, la que
señala que “se consideró despedida”, y eso fue antes de ir a hablar con la persona que decidiría su
situación en la institución educacional, lo que prueba que a la actora en realidad nunca le constó que la
despidieran y simplemente se dejó llevar por suposiciones, a las cuales en ningún caso se les puede dar
mérito probatorio.
Al no probarse el hecho principal discutido, resultaba inoficioso que la demandada tuviera que probar
una causal de despido, ya que nunca se acreditó éste.
Lo demás argumentado en el libelo de apelación no logra persuadir a los falladores como para alterar lo
que viene resuelto.
Acordada la inadmisibilidad de la casación con el voto en contra del ministro señor Brito, quien estuvo
por entrar a su conocimiento porque, al remitirse el artículo 463 del Código del Trabajo al de
Procedimiento Civil en materia de recursos, no puede entenderse que se esté en presencia de una
impugnación regida por la ley especial que es el primero de esos cuerpos legales, sino por el propio
código procesal.
La actora demandó en juicio laboral a su ex empleadora, a fin que la demandada sea condenada al pago
de todas las prestaciones que debió percibir si se hubiera respetado el tiempo para el que fue contratada,
esto es, 11 remuneraciones, incluyéndose también el mes de febrero que corresponde a vacaciones,
fundamentando su demanda en el hecho de haber ingresado a prestar servicios a la demandada en
calidad de profesora a contar desde el 25 de enero del año pasado, no obstante sólo se le hizo firmar y
certificar su asistencia a contar desde el 1 de marzo siguiente, habiendo sido contratada con una jornada
completa de 44 horas semanales y una remuneración de $450.000, ejerciendo sus funciones
normalmente hasta el 28 de marzo, en que se la despidió sin respetar la vigencia de su contrato, ya que
le es aplicable lo previsto en el artículo 79 del Estatuto Docente que prescribe que “los contratos de los
profesionales de la educación pueden ser de plazo indefinido, de plazo fijo no inferior a un año laboral
docente y de reemplazo”, y teniendo el contrato a plazo fijo una duración de un año laboral docente, no
pudo ser despedida antes de dicho plazo, por lo que, al habérsele puesto término con anterioridad, se le
deben todas las prestaciones que hubiera debido percibir, si dicho contrato se hubiese cumplido, esto
es, 11 meses de remuneraciones que corresponden a la cantidad de $4.950.000.
Al contestar la demanda, la demandada dijo que debería rechazársela, pues siendo efectivo que la
actora prestó servicios hasta el 28 de marzo pasado, no es efectivo que hubiese sido despedida, sino que
no concurrió más a trabajar con posterioridad a esa fecha, habiendo sido imposible ubicarla,
correspondiendo de ese modo el término del contrato a la causal de renuncia a sus labores, acorde a lo
previsto en el número 2 del artículo 459 del Código del Trabajo e ingreso de reclamo efectuado el 1 de
abril para cobrar cotizaciones previsionales.
En orden a justificar sus aseveraciones las partes produjeron prueba instrumental, testimonial y
confesional.
La instrumental de la demandante consistió en dos actas de comparecencia ante la Inspección del
Trabajo, en las que acordaron el pago de los meses de febrero y marzo adeudados, manifestando la
demandada que fue la actora quien no se presentó a trabajar con la persona donde se le mandó, para que