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El artículo 177 del Código del Trabajo establece que e1 finiquito debe constar por escrito y si “no fuere
firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical
respectivo, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el Inspector del Trabajo, no podrá ser
invocado por el empleador”, de lo que se infiere que para que se pueda invocar un finiquito, éste debe
constar por escrito y contener además, las firmas del trabajador y de alguna de las demás personas o
algún ministro de fe, que se indican en la norma referida.
En la especie la demandada no ha presentado finiquito alguno firmado por los demandantes y las
personas indicadas en el artículo 177 del Código de la especialidad, por lo que no puede invocarse el
mismo según lo establece la norma citada y por ende, debe desestimarse la petición de declarar
improcedente el cobro de la gratificación demandada, por existir finiquito, por no corresponder la
misma a la realidad.
El artículo 47 del Código del Trabajo establece que toda empresa y empleador que persiga fines de
lucro, esté obligado a llevar contabilidad y obtenga utilidades o excedentes líquidos en sus giros, tiene
la obligación de gratificar “anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior al treinta por ciento
de dichas utilidades o excedentes”, agregándose en el artículo 48, que se considerará utilidad la que
“resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del
impuesto a la renta”, de lo que se infiere que la obligación de pagar gratificación se hace exigible una
vez presentada la declaración anual de impuesto a la renta y se ha obtenido utilidad líquida suficiente.
Los contratos de trabajo de 1 de septiembre y 19 de abril de 2001, suscritos por el primer demandante,
el certificado de la Administradora de Fondos Previsionales, respecto de la misma persona, los
contratos de trabajo de 11 de diciembre de 2000, el certificado de las remuneraciones pagadas en 2002
por la demandada, los finiquitos de 1 de septiembre, 15 de marzo de 2001, 31 de mayo, 30 de junio, 30
de septiembre y 31 de octubre de 2002, y el certificado de la Administradora de Fondos Previsionales,
todos relativos al segundo demandante, acreditan que dichos demandantes trabajaron para la parte
demandada en los períodos que en ellos se refieren. La confesión del demandado, al tenor del pliego de
posiciones, también ratifica la existencia de la relación laboral en tanto que lo expresado por los
testigos de los demandantes acredita la existencia de utilidades, sin precisar montos en los años a que se
refiere la demanda, en tanto que los testigos del demandado, se refieren a la firma de finiquito el
primero y el segundo, agregando este último la fecha de término del contrato de los actores.
Respecto de la improcedencia de la acción que alega en primer término la demandada, no es más que el
pago de las prestaciones reclamadas, en virtud del finiquito que se señala en el escrito de contestación
y, al efecto, tal corno se razona en el fallo de primer grado, la demandada no demostró la existencia del
referido finiquito, por consiguiente la alegación debe ser desestimada.
Respecto de la prescripción, cabe consignar que si bien el juez de primer grado ha tenido por
contestada la demanda, no obstante no existir ninguna resolución expresa, esta Corte no se pronunciará
sobre tal circunstancia, por no haber sido materia de la apelación, ni haberse referido a ello los
abogados en estrados, por consiguiente al haberse tenido como alegada cabe pronunciarse al respecto.
La cuestión a resolver es establecer cuál es el plazo de prescripción de las prestaciones reclamadas, seis
meses, de acuerdo a lo decidido en el fallo impugnado, o dos años, de acuerdo al fundamento de la
apelación de la actora.
En cuanto a la prescripción alegada cabe consignar que el artículo 480 del Código del Trabajo
contempla diversos plazos de prescripción, formas de contabilizarlos y la suspensión de dicho período.
Claramente el inciso primero de la referida disposición contempla la regla general en materia de plazo
de prescripción de los derechos laborales regidos por el Código del Ramo, que es de dos años, que se
cuentan desde la fecha en que esos derechos se hicieron exigibles; disposición que al no distinguir
situación alguna, rige sea que la relación laboral esté vigente o haya terminado.
Por su lado, el inciso segundo dispone un plazo de prescripción de seis meses para las acciones que
emanan de lo actos y contratos regidos por el Código del Trabajo, que se cuenta desde la terminación
de los servicios. Esto es, contempla en forma exclusiva la prescripción de la acción que emana de los