Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

que señaló lo siguiente:
a) En relación a los efectos del fármaco nombrado, sostiene que “Estos efectos no significan una
amenaza física y síquica a la salud de la mujer”.
b) “La evidencia científica muestra que el compuesto mencionado, componente del fármaco nombrado,
si se administra durante la fase folicular del ciclo menstrual (aquella fase que se caracteriza por el
crecimiento del folículo que contiene al ovocito que se ovulará post alza pre ovulatoria de
gonadotropinas), retrasa o impide la presencia del alza pre ovulatoria de gonadotropinas, retrasa o
impide la presencia del alza preovulatoria de hormona luteinizante, requisito indispensable para que
ocurra la ovulación. El folículo puede continuar creciendo o su crecimiento se detiene. Mientras más
tarde en la fase folicular se administra o concuerda con el alza pre ovulatoria, la fase luteal que sigue a
la ovulación no se altera y sólo se observa una pequeña disminución en las concentraciones plasmáticas
de progesterona. Si se administra durante la fase luteal, no tiene consecuencias sobre la fase luteal en
términos de duración o concentraciones de progesterona. Basado en estos parámetros, si la concepción
ocurriese producto de una ovulación, desde el punto de vista endocrino No conduciría a aborto”.
c) En relación al concepto de aborto, señala que “La Organización Mundial de la Salud define aborto
como la pérdida de un embrión después que se ha implantado, ya que el embarazo es algo que le ocurre
a la madre y el organismo materno reacciona sólo a la presencia de un embrión después de que éste se
haya implantado” y añade que, según lo señalado anteriormente, “el huevo fecundado que no se ha
implantado o anidado y es expulsado no puede considerarse aborto”.
d) Señala que “hasta el momento de la implantación, no es posible detectar signos vitales de un
organismo distinto del padre y madre. Más aun, mientras no se diferencien tejidos, un embrión de una
especie es difícil de distinguir de un embrión de otra especie”.
Rola el informe pericial del nombrado, químico farmacéutico de la Universidad antes nombrada, quien
ha manifestado:
a) En relación al fármaco cuestionado, “No puede ser considerado como constitutivo de una amenaza
física o síquica a la salud de la mujer que use el compuesto mencionado en la dosis y posología
indicada como contraceptivo de emergencia”.
b) “En cuanto a la composición del producto denominado como se indica, cada comprimido contiene el
compuesto mencionado en 0, 75 miligramos y excipientes. Excipientes, en todo caso, que no
contribuyen al efecto del principio activo”.
c) “El fármaco nombrado difiere de los anteriores en su mecanismo de acción, pues hasta lo que se
conoce hoy en día, sus efectos anticoncepcionales sólo estarían dados por la inhibición de la ovulación,
sin efectos comprobados sobre el endometrio”.
d) “Existen sólo tres contraindicaciones para el uso del concepto mencionado como contraceptivo de
emergencia: existencia de embarazo, sangrado vaginal no diagnosticado y la alergia conocida a alguno
de los componentes del producto. En ninguno de los casos el producto, empleado correctamente,
debería llegar a provocar la muerte”.
Corresponderá ahora efectuar un análisis de todas y cada una de las causales establecidas por el
constituyente para declarar la nulidad de derecho público.
En primer lugar, la ausencia de investidura regular de sus integrantes, y de conformidad al Diccionario
de la Real Academia de la Lengua, investidura significa acción y efecto de investir, término que
significa conferir una dignidad o cargo importante, la que debe ser regular, esto es, no contraviniendo
el orden jurídico establecido, por lo que el Instituto de Salud Pública, persona jurídica de derecho
público, tiene las atribuciones y facultades, en relación al sistema de registro sanitario de los productos
farmacéuticos, según lo ordena el Decreto Ley 2.763, del año 1979. Por su parte, el Código Sanitario
dispone, en su artículo 94, que dicho organismo será la autoridad encargada en todo el territorio
nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos, entre otros.
En definitiva, y conforme a las normas legales citadas, el organismo demandado goza de la investidura
regular de sus integrantes a fin de emitir el acto administrativo impugnado, razón por la que esta causal