Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

sino que además se ha extraído una conclusión jurídica que consistió, ni más ni menos, que establecer
una relación laboral que la empresa niega mediante argumentos que a lo menos formalmente parecen
plausibles y que requieren entonces ser sopesados, valorándose prueba y determinándose jurídicamente
cual es la naturaleza de la relación entre la empresa recurrida, las empresas proveedoras de las
respectivas marcas y los trabajadores de que se trata, en este caso específico.
Desentrañar todas estas cuestiones es un asunto típicamente jurisdiccional, que le queda vedado al ente
administrativo, pues aunque éste tiene atribuciones para interpretar la ley, no la tiene para interpretar
contratos ni mucho menos facultad general para dar por establecidas relaciones laborales. La Dirección
del Trabajo pretende que la relación laboral entre los trabajadores y las empresas que aparecen como
sus empleadores es simulada y cede a favor de la recurrente. Ello, desde luego, es todavía más que
interpretar un contrato, es privarlo de eficacia, es determinar simulación. Si eso no es privativo de la
jurisdicción, no se ve qué diferencia queda entre la Dirección del Trabajo y un Tribunal.
Así pues, el acto de la recurrida es manifiestamente ilegal y afecta el derecho del actor a ser juzgado
por un Tribunal competente y no por una comisión especial, de forma tal que el recurso debe ser
acogido y las multas dejadas sin efecto.
Voto Disidente: Acordada contra el voto de los Ministros señores Oyarzún y Pierry, quienes estuvieron
por revocar la sentencia de que se trata y rechazar el recurso de protección.
El Ministro señor Oyarzún fue de opinión de adoptar la decisión antedicha teniendo en consideración lo
siguiente:
No se tuvo a la vista prueba documental que acredite la relación laboral entre las distintas empresas
contratistas y los trabajadores a que se refieren las resoluciones de multa materia de estos autos.
Además, la Fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo recurrida constató que los indicados
trabajadores intervienen tanto en la venta de productos para cuya promoción habrían sido contratados,
como en la de otros distintos de ellos.
Por su parte, el Ministro señor Pierry fundó su disidencia en la consideración de que, en su concepto, la
autoridad recurrida tiene la facultad para calificar jurídicamente los hechos, en consecuencia no existe
garantía constitucional alguna que pueda protegerse por la presente vía, ya que la Inspección del
Trabajo de que se trata no ha actuado como comisión especial, sino en el desempeño de una actividad
administrativa, por lo que en su opinión el recurso de protección deducido debió ser rechazado.
RECURSO= Recurso de Protección
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias de Protección de la Corte Suprema, Septiembre, 27,
2007
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Adalis Oyarzún
Miranda, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia
Balbi.
Voto disidente de los ministros Adalis Oyarzún Miranda y Pedro Pierry Arrau.
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de la Corte Suprema, se extracta la
sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 23 de abril de 2007, la cual quedó firme al
ser confirmada por la Corte Suprema.
Fallo de Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Carlos Bañados Torres, Raúl Mera
Muñoz y el abogado integrante Juan Briceño Urra.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Johanna Koch Pavez
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia
FECHA= 27.09.2007
ROL= 3167-07 (Rancagua)
NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474
CTRAB, 476 CTRAB; 1 a) DFL 2, Trabajo, 1967