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Concepción, de fecha 13 de julio de 2005, la cual quedó firme.
Fallo de Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Eliseo Araya Araya, Juan Rubilar Ribera
y el abogado integrante Jorge Caro Ruiz.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Johanna Koch Pavez
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia
FECHA= 05.09.2005
ROL= 3872-05 (Concepción)
NORMA= Art. 1698 CC; 7 CTRAB, 8 CTRAB, 10 CTRAB, 64 CTRAB; 108 COT
DESCRIPTORES= Tribunales Trabajo, Competencia. Contrato de Trabajo, Naturaleza Servicios.
Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación. Contrato de Trabajo, Vínculo de Dependencia.
Contrato Ejecución de Obra, Regulación. Contrato de Trabajo, Calificación Jurídica. Contrato
Ejecución de Obra, Calificación Jurídica. Contrato Ejecución de Obra, Suma Alzada. Contrato
Ejecución de Obra, Reglamentación
EXTRACTO= I Corte Suprema: Los autos ingresaron a la Secretaría de la Corte el cinco de agosto del
año en curso. El recurrente de casación no compareció a la Corte para continuar con la tramitación del
recurso. En tales circunstancias, y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 779, 200 y 201 del
Código de Procedimiento Civil, deberá declararse desierto el expresado recurso.
II Corte de Apelaciones: El actor ha interpuesto demanda de cobro de remuneraciones laborales en
contra de su empleadora, sociedad del giro de la construcción, y en forma subsidiaria en contra del
contratista de la primera, señalando que prestó servicios como carpintero para la demandada principal,
en virtud de un contrato de trabajo suscrito entre las partes entre agosto y octubre de 2001, fecha esta
última en que fue finiquitado, acordando las partes un nuevo contrato que fue firmado el 2 de
noviembre de 2001. El actor cobra a título de remuneraciones insolutas la suma de $3.190.000, con sus
respectivos reajustes e intereses y costas de la causa.
El contrato en que se funda la demanda es el de 2 de noviembre de 2001. Dicho contrato tiene el
siguiente título: “Contrato de ejecución de obras Número 11/2001. Reparación Block Sector “B”
Colegio Municipal”, denominación que ya está anunciando que no se está frente a un contrato de
trabajo, sino ante un contrato civil de ejecución de obra material. Esta primera impresión se ve
confirmada al leer las distintas cláusulas contractuales. Así, en la primera cláusula se establece que la
demandada principal encomienda al contratista, quien acepta y se obliga a efectuar la reparación
antedicha; en seguida se explica que los trabajos serán ejecutados en conformidad a lo establecido en
ese contrato y de acuerdo a los siguientes documentos: a) Propuesta, b) Cotización, c) Especificaciones
Técnicas; d) Instrucciones del Proponente. La cláusula segunda precisa que “este contrato se pacta por
el sistema que las partes denominan suma alzada sin cláusula de reajuste”; en la cláusula tercera se
establece que la demandada principal pagará al contratista la suma de $5.000.000 más el impuesto al
valor agregado por el total de la obra. Más adelante, en la cláusula octava, “las partes dejan constancia
que la relación jurídica que las une por medio del presente contrato es de tipo contractual civil, y no
laboral, vale decir, que del mismo no se derivan de modo alguno situaciones de subordinación,
dependencia y otras que lleguen a configurar una relación laboral del contratista ni de sus trabajadores
con la demandada principal, en los términos que enuncia el Código del Trabajo”.
En fin, las principales cláusulas contractuales que se han transcrito, no dejan lugar a ninguna duda de
que el contrato celebrado entre las partes es un típico contrato civil de ejecución de una obra material
por suma alzada, regido por el Código Civil. No puede ser contrato de trabajo, desde que no se están
prestando servicios personales, sino servicios de un grupo de personas que trabajan para el actor.
Atendido lo que se viene señalando, la demanda debió haber sido presentada ante el Juzgado Civil, y
no ante el Juzgado del Trabajo, como se hizo. Y este último tribunal debió haber declarado su
incompetencia absoluta para conocer de esta causa en sede laboral.