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la demandada por la concurrencia de la causal indicada, con costas en caso de oposición.
Contestando la demanda, la parte demandada solicita el rechazo de ésta, con costas, fundamentada en
que su parte ingresó a trabajar para su empleadora a partir de agosto de 2003 y no en octubre como
señala la actora, sino que la relación laboral se mantenía a través de una serie de contratos cuya
duración era el término de faena y posteriormente se volvían a renovar, por lo que el contrato
acompañado en la demanda es sólo uno de éstos, pero la relación nació a partir de agosto, como consta
en el certificado de cotizaciones que acompaña, las cuales comenzaron a ser canceladas por la
empleadora a partir de agosto de 2003. Agrega que en noviembre se puso ilegalmente término a la
relación laboral, por cuanto ella se encontraba embarazada a partir de junio de 2003 y a la fecha de la
separación ilegal tenía alrededor de 5 notorios meses de embarazo, por lo que mal podría desconocer la
demandante esa situación.
Su parte no se encuentra en ninguna de las situaciones que contempla el artículo 159 y las del artículo
180 en relación con el artículo 174 todos del Código del Trabajo, por cuanto los contratos que se
realizaban eran prorrogados en forma inmediata, situación respecto de la cual podría discutirse que se
trataba de un contrato que las partes han dado el carácter de indefinido, así como tampoco hubo
constancia que el trabajo que ella realizaba hubiese terminado.
Su parte presentó una demanda por nulidad de término de contrato con fecha 26 de enero de 2004, y
que pide se tenga a la vista por cuanto los documentos se encuentran incorporados a esa demanda, y en
todo caso la autorización para separar a un trabajador debió haber sido previa y no con posterioridad a
ese despido.
Pide se tenga por contestada la demanda y se rechace no dando lugar al desafuero, condenando a la
demandante a que proceda a mantener la relación laboral, con costas.
Son hechos no controvertidos en autos los siguientes:
a) Las partes de esta causa estaban unidas por un contrato del trabajo.
b) La actora empleadora puso término a dicho contrato el 30 de noviembre de 2003 por conclusión del
servicio o faena.
c) Al 30 de noviembre de 2003, la demandada tenía aproximadamente cinco meses de embarazo.
d) A esta última fecha, la empleadora no había solicitado autorización judicial para despedir a la
demandada, lo que sólo hace el 9 de febrero de 2004.
e) El 4 de diciembre de 2003, se recepcionó en la Inspección del Trabajo denuncia de separación ilegal
interpuesta por la demandada.
f) En la causa con la que la causa de que estamos conociendo tiene vista conjunta, se tramitó la
demanda de nulidad de término del contrato de trabajo, solicitud de reincorporación inmediata y cobro
de prestaciones planteada por la trabajadora, iniciada el 28 de enero de 2004. En dicha causa se dictó
sentencia que acogió la demanda, declarándose nulo el término del contrato de trabajo por haberse
despedido a la trabajadora en estado de gravidez sin haber obtenido autorización judicial y se ordenó la
reincorporación de ésta y pagarle las remuneraciones correspondientes.
Según dispone el artículo 201 del Código del Trabajo durante el período de embarazo y hasta un año
después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora estará sujeta a lo dispuesto en el artículo
174. Y esta última disposición establece que en los casos de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el
empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente. Por
otra parte, el artículo 201 en su inciso segundo añade que si por ignorancia del estado de embarazo se
hubiere puesto término al contrato en contravención a lo dispuesto en el artículo 174, la medida
quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del
correspondiente certificado médico o de matrona.
De las disposiciones legales señaladas emerge con toda claridad la exigencia de que la autorización
judicial debe obtenerse previamente a la decisión de poner término a la relación laboral.
La empleadora ha sostenido que ella no conocía el estado de embarazo de la trabajadora al momento de
despedirla y al absolver posiciones afirma que 2 semanas después del despido fue fiscalizada por