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Tributario, por prohibirlo expresamente su artículo 126, al preceptuar que “En ningún caso serán
reclamables las circulares o instrucciones impartidas por el Director o las Direcciones Regionales al
personal, ni las respuestas dadas por los mismos o por otros funcionarios del Servicio a las consultas
generales o particulares que se les formulen sobre la aplicación o interpretación de las leyes
tributarias”, por cuanto, si bien esta limitación se explica por tratarse de instrucciones dirigidas al
personal del Servicio, ellas igualmente alcanzan indirectamente a los contribuyentes, sin que éstos
puedan objetarlas por esa vía.
Los Directores Regionales de Impuestos Internos tampoco tienen inamovilidad en sus cargos, atributo
que para otros autores, como Patricio Figueroa Velasco (“El Estado de Derecho y la Justicia
Tributaria”, Actualidad Jurídica Número 5, enero de 2002, Universidad del Desarrollo), también debe
caracterizar al órgano a cargo de la función jurisdiccional, si se considera que en virtud de lo prescrito
en el inciso segundo del artículo 49 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, a los directores regionales de los servicios públicos les corresponde uno de
los tres primeros niveles jerárquicos en que se ubican los cargos de la exclusiva confianza de la
autoridad facultada para efectuar el nombramiento, lo que confirma que se trata de jefaturas que no
gozan de la inamovilidad que poseen los jueces en el Poder Judicial, conforme el artículo 77 de la Carta
Fundamental.
A su turno, en el sistema de calificaciones que consulta el Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley
Número 18.834 y que desarrolla el Decreto Reglamentario Número 1.825, de 1998, del Ministerio del
Interior, el “Cumplimiento de normas e instrucciones” es un subfactor de medición del factor 3 de la
calificación “Comportamiento Funcionario” y “mide el respeto a los reglamentos e instrucciones de la
institución y demás deberes estatutarios de los personales de los organismos afectos a esa normativa”.
De este modo, las instrucciones del Director del Servicio de Impuestos Internos para la interpretación
de las leyes tributarias deben considerarse comprendidas entre las disposiciones cuya fiel observancia
por los Directores Regionales es antecedente de sus calificaciones anuales, lo que corrobora que estas
jefaturas no pueden actuar con plena independencia e imparcialidad al conocer reclamos de
contribuyentes y denuncias en contra de éstos, si el incumplimiento de tales instrucciones obligatorias
se refleja en sus calificaciones.
Si los Directores Regionales de Impuestos Internos no poseen, como se ha visto, independencia e
imparcialidad para resolver las reclamaciones de contribuyentes y las denuncias en contra de éstos
últimos, ni tienen inamovilidad en sus cargos, fuerza es concluir que definitivamente no llevan a cabo
una función jurisdiccional, ni como tribunales especiales de los aludidos por el inciso final del artículo
5 del Código Orgánico de Tribunales, o como órgano administrativo que ejerza jurisdicción, en los
términos del inciso quinto del número 3 del artículo 19 de la Carta Constitucional.
Esa actividad bien puede ubicarse, por el contrario, entre los procedimientos de revisión administrativa
de los actos de la Administración que contempla el ordenamiento institucional y que pueden anteceder
a su revisión a cargo de un órgano contencioso administrativo o de uno propiamente judicial y que sí
corresponde en plenitud al ejercicio de la jurisdicción propia de los Tribunales.
Efectivamente, aparte que el artículo 10 de la antes citada Ley Orgánica Constitucional Número
18.575, declara que respecto de los actos administrativos se podrá siempre interponer el recurso de
“reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el
recurso jerárquico ante el superior correspondiente, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales a que
haya lugar”, el artículo 11 del mismo texto previene en su inciso segundo que el control jerárquico
permanente de las autoridades y jefaturas “se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las
actuaciones”, lo que franquea la posibilidad de que, en todo caso, por la vía del recurso genérico de
reposición y a través de la reclamación jerárquica pueda impetrarse la revisión de los actos en la misma
sede administrativa.
Sin contar con la potestad genérica de la autoridad administrativa de invalidar sus actos ilegítimos por