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particular de autos podría asimilarse a una venta de cosa ajena, específicamente renta vitalicia de cosa
ajena, y que para tal efecto una vez notificados los posibles interesados a quienes pudiera perjudicar la
anotación debería dar lugar a la inscripción. Siendo rechazada nuevamente la inscripción por
improcedente.
El tribunal, con fecha veintiuno de enero de dos mil dos, dictó sentencia y declaró que se hace lugar a
la solicitud sólo en cuanto se ordena al Conservador de Bienes Raíces inscribir la transferencia de
dominio de la parcela señalada, con sus derechos de aguas, hecha por la otorgante a favor de una de las
reclamantes, por escritura pública de 21 de noviembre de 2001, complementada por escritura de 13 de
diciembre del mismo año.
Con fecha veintiuno de enero de dos mil dos se notificó, personalmente en la Secretaría del tribunal, el
apoderado de las reclamantes, de la sentencia dictada en autos, renunciando al plazo y a los recursos
legales y firmó.
El mismo veintiuno de enero de dos mil dos, se requirió personalmente al Conservador de Bienes
Raíces suplente del titular la inscripción que da cuenta la sentencia y firmó, dejando el receptor a cargo
de la diligencia el expediente en dicho oficio.
Según comprobante de la suplente del Conservador de Bienes Raíces, con fecha veintidós de enero de
dos mil dos, una vez acreditado el pago de las contribuciones fiscales, quedó anotado en el repertorio e
inscrito en el Registro de Propiedad.
El día 26 de enero de dos mil dos, comparece el tercero, alegando la nulidad de lo obrado y viene en
formular oposición en este asunto no contencioso, como legítimo contradictor, basado en que por
escritura pública otorgada ante Notario, de fecha 14 de noviembre de 1981, la constituyente compró a
quien indica la aludida parcela, la que se inscribió en el Registro de Propiedad del año 1981, y por
escritura otorgada ante Notario de fecha 11 de julio de 1986, en que comparecen la constituyente, el
vendedor y el tercero, aclaran y rectifican la escritura de venta y su respectiva inscripción, ya referidas,
en el sentido que el comprador de la parcela es el tercero, quien comparece aprobando y ratificando
todo lo obrado por la constituyente como su agente oficioso, habiéndose tomado nota al margen de la
inscripción de compraventa citada, por lo que la peticionaria no es titular del dominio, y que la
renuncia a los recursos y términos hecha por el apoderado de la solicitante es nula, en atención a que
dicho apoderado no estaba expresa y determinadamente dotado de facultades especiales para ello,
conforme al artículo 7 del Código de Procedimiento Civil.
El juez de la causa negó lugar a las peticiones aludidas en el motivo anterior, resolución que fue
apelada por el opositor, el que asimismo, apeló de la sentencia referida en esta sentencia.
Una sala de Corte de Apelaciones, revocando las resoluciones apeladas rechazó la solicitud de lo
principal, alzando la inscripción conservatoria practicada como consecuencia de ella, tuvo por legítimo
contradictor al tercero y por opuesto a esta gestión, la que declara contenciosa, además de otras
declaraciones.
El artículo 18 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces dispone que la parte
perjudicada con la negativa del Conservador, ocurrirá al juez de primera instancia del departamento,
quien en vista de esta solicitud y de los motivos expuestos por el Conservador, resolverá por escrito, y
sin más trámite lo que corresponda, gestión no contenciosa a la que se aplican las disposiciones del
Libro IV del Código de Procedimiento Civil.
De los artículos 821, 822 y 823 del Código de Procedimiento Civil se desprende que el legítimo
contradictor puede hacer valer sus derechos oponiéndose a la solicitud presentada mientras la
resolución afirmativa no esté cumplida, haciéndose contencioso el negocio y debiendo promoverse las
acciones respectivas o en caso contrario, esto es, cumplida que sea la resolución afirmativa en la
gestión respectiva, el legítimo contradictor deberá deducir ante el tribunal competente las acciones que
correspondan, en sede contenciosa.
La pretendida nulidad procesal de la renuncia de recursos y plazo hecha por el apoderado, por carecer
de facultades, es improcedente, toda vez que tal defecto puede sólo ser invocado por aquella parte a