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para su aprobación, modificación o derogación (artículo 63 inciso 2) y en el control preventivo que
sobre ellas ejerce el Tribunal Constitucional (artículo 82 número 1), no les hace variar el rango jurídico
de leyes, subordinadas en el ámbito jerárquico normativo a los principios de la Constitución, lo que
destaca la propia disposición quinta transitoria que le entrega esa condición de ley orgánica
constitucional, cuando supedita su aplicación como tal “en lo que no sean contrarias a la Constitución”.
El Fisco de Chile, al contestar el traslado que le fue conferido respecto del recurso de inaplicabilidad
intentado, sostiene la inexistencia de la oposición entre la regla legal y las constitucionales que alegan
las comparecientes, por cuanto la ley ha creado y organizado los tribunales tributarios y no hay una
delegación o traspaso de facultades para resolver esas reclamaciones tributarias, sino que el Director
Regional se ha limitado a designar el funcionario destinado a ejercer su propia potestad jurisdiccional
prevista en la ley y ello no convierte en comisión especial al funcionario nominado, sino que es un
tribunal establecido de acuerdo con la ley y con anterioridad a los hechos de los cuales entra a conocer,
porque la facultad legal del Director Regional para autorizar a un funcionario del Servicio para conocer
y fallar reclamaciones y denuncias tributarias nace de la propia ley y dentro de la esfera de atribuciones
que le competen, sin perjuicio de que las exigencias son para el tribunal y no para la persona que deba
servir en el cargo. Además, se dice, las prerrogativas jurisdiccionales del Director Regional y su
licencia a un funcionario del Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias las ampara el
artículo 7 de la Constitución Política, cuando dispone que los órganos del Estado actúan válidamente
previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la
ley, de suerte que el tribunal creado por la ley lo constituyen tanto el Director Regional como el
funcionario dependiente por él nombrado, puesto que la jurisdicción es radicada por la ley en ambos.
Esta aseveración, en el sentido de que las potestades de índole jurisdiccional que el funcionario
autorizado por el Director Regional pone en ejercicio al conocer y fallar reclamos y denuncias
tributarias y la calidad de juez especial que tal actividad posibilita atribuirle, no se condice con la
realidad jurídica que el artículo 116 del Código Tributario deja de manifiesto, ya que de su texto resulta
patente que el legislador se limitó a facultar a los Directores Regionales para que autoricen a
funcionarios del Servicio dirimir las reclamaciones tributarias que indica, con prescindencia de toda
referencia a la determinación de ley, sino de los funcionarios que deben asumir tal cometido y aun de
señalar las condiciones o requisitos exigibles para su designación, salvo la de su pertenencia genérica al
Servicio de Impuestos Internos.
De lo hasta ahora razonado, fluye que el artículo 116 del Código Tributario constituye la regla legal
que habilita a los Directores Regionales del Servicio para delegar las potestades jurisdiccionales de que
se hallan investidos en otros funcionarios de su dependencia; mientras que los actos administrativos
que concretan la delegación son las resoluciones exentas referidas, que le dan expresamente ese
apelativo de delegación y que fueron referidas en el basamento sexto de esta resolución, en virtud de la
primera de las cuales el Director de la Dirección Regional de Impuestos Internos confirió la respectiva
autorización al funcionario nombrado que, en definitiva, conoció y falló el reclamo presentado por el
contribuyente, rechazándolo. No es entonces la ley la que practica la designación del funcionario que
habrá de asumir como delegado la calidad de juez con las facultades jurisdiccionales inherentes, sino
que dicho rol lo ocupa la resolución del delegante, el Director Regional del Servicio, quien a través de
ella designa al órgano jurisdiccional en la persona de uno de sus subordinados en la correspondiente
escala jerárquica y le transfiere el ejercicio de prerrogativas que le son propias, convirtiéndose ese acto
administrativo en el título jurídico que habilita la actuación del delegado.
En conclusión, las atribuciones de naturaleza jurisdiccional ejercidas por el juez tributario a cuyo cargo
estuvo la sustanciación y fallo de la reclamación, la que en definitiva fue rechazada, provienen de la
resolución del Director Regional que delegó dichas facultades, constituyéndose, de tal manera, esa
decisión u orden administrativa en la fuente jurídica inmediata que ha dotado con la calidad de juez a
un funcionario naturalmente adscrito a la Administración del Estado, en circunstancias que, ajustándose
a la normativa constitucional que consagra en nuestro régimen jurídico el principio de la legalidad o