Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

A su vez, por resolución de 26 de noviembre de 2002, del cuaderno de compulsas acumulado, el
tribunal a quo declaró abandonado el procedimiento en el ramo de apremio, por estimar que desde el 11
de abril de 2002 y hasta el 18 de octubre del mismo año, transcurrieron más de seis meses sin que las
partes del proceso hubiesen instado por su prosecución, no siendo óbice para tal decisión, según se
afirmó, el hecho que en los autos principales se hubiesen realizado ante el tribunal ad quem diligencias
por los litigantes, porque habiéndose concedido la apelación en el efecto devolutivo, la tramitación en
primera instancia no fue suspendida y debieron también las partes realizar diligencias útiles para llevar
adelante la ejecución.
La parte ejecutante no discutió que durante el período señalado por el fallo de primer grado el
procedimiento de apremio estuvo paralizado, al no haber efectuado las partes diligencias útiles para dar
curso progresivo a los autos.
El procedimiento ejecutivo regulado en los artículos 434 a 544 del Código de Procedimiento Civil es el
medio eficaz para que el acreedor pueda obtener en forma compulsiva el pago de su acreencia, como,
asimismo, para que el deudor haga valer sus excepciones, por lo que tanto lo obrado en el cuaderno
principal como lo actuado en el cuaderno de apremio, son actos procesales que en conjunto permiten
que se cumpla el objetivo legal.
De este modo, en el caso puntual de que se trata, habiéndose rechazado por el tribunal de primer grado
las excepciones a la ejecución, y encontrándose la sentencia en apelación ante esta Corte y traídos los
autos en relación, ningún deber jurídico pesaba sobre las partes para llevar adelante el recurso con fin
de dejarlo en estado de ser fallado, pues este deber se había desplazado hacia el propio tribunal, en
virtud del decreto antes señalado, quedando liberadas las partes de toda iniciativa en ese sentido.
El artículo 152 del Código de Procedimiento Civil requiere que sean las partes del juicio las que
incurran en inactividad procesal para dar lugar al abandono del procedimiento, situación que aquí no
aparece cumplida, pues es al tribunal a quien le correspondía dictar la resolución que permite dar curso
progresivo a la causa.
No es óbice para la conclusión precedente la circunstancia que el recurso de apelación contra la
sentencia definitiva se haya concedido en el solo efecto devolutivo, ya que la sanción del artículo 152
del Código de Procedimiento Civil se refiere a la totalidad del juicio y no sólo a uno de sus cuadernos,
como es el de apremio en este caso.
Por lo tanto, constituyendo los cuadernos de la ejecución una unidad procesal, el juicio que permite
alcanzar el objetivo legal antes señalado, no es posible acoger la demanda incidental de abandono de
procedimiento, porque ninguna iniciativa cabía a las partes, sino al tribunal, en este caso, a la propia
Corte.
Se presenta la parte ejecutante, y expone: El banco ejecutante es dueño y beneficiario del pagaré
individualizado, suscrito con fecha 21 de febrero de 2000, por el ejecutado, por la suma indicada,
equivalentes en moneda nacional, pagadero en 91 días, con vencimiento de 22 de mayo de 2000, con
un interés anual de 8,0 por ciento, según expresa el pagaré. Llegado su vencimiento, el deudor no pagó
dicha obligación, por lo que de acuerdo a lo convenido, la deuda se ha hecho exigible íntegramente y
de inmediato. De esta manera, según lo pactado expresamente en el pagaré, el demandado adeuda
desde el día de la mora, la cantidad referida, equivalente en moneda nacional al día de hoy a la suma de
$109.807.434, correspondiendo 6.779,51 Unidades de Fomento a capital y la cantidad de 133,84
Unidades de Fomento a intereses, ambos equivalentes en moneda nacional, más los intereses
moratorios pactados, desde la fecha de la mora hasta la fecha de su pago efectivo. Para garantizar el
pago de esta obligación, el deudor constituyó hipoteca, con cláusula de garantía general y prohibiciones
de enajenar y gravar, sobre el inmueble referido, como consta en las cláusulas novena y décimo
segunda de la escritura pública de compraventa e hipoteca de 15 de octubre de 1997, título de dominio
que se encuentra actualmente reinscrito en el Registro de Propiedad de 2001 del Conservador de Bienes
Raíces. La hipoteca se encuentra inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes de 1997 y la
prohibición se encuentra inscrita en el Registro de Prohibiciones de 1997, ambos del Conservador de