Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la existencia de una infracción laboral, sin
tomar en consideración la existencia de normas de carácter contractual colectivo.
Según consta de documento referido, el Contrato Colectivo del Trabajo celebrado entre la recurrente y
el Sindicato de trabajadores del colegio, rige según su artículo 29 a contar del 1 de diciembre de 2006.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 348 del Código del Trabajo, que señala “Las estipulaciones
de los contratos colectivos reemplazarán en lo pertinente a las contenidas en los contratos individuales
de los trabajadores que sean parte de aquellos y a quienes se les apliquen sus normas de conformidad al
artículo 346”, norma que consagra de acuerdo a la Doctrina la eficacia normativa del Contrato
Colectivo del Trabajo al establecer que “pasa a ser norma creadora de derecho objetivo para los
trabajadores, por lo cual su aplicación se produce automáticamente sin necesidad de incorporación
expresa o tácita a los contratos individuales de trabajo, lo que conlleva que las cláusulas individuales
pactadas en condiciones distintas a las establecidas en el contrato colectivo son automáticamente
reemplazadas por las correspondientes del contrato colectivo” (“Derecho Colectivo del Trabajo”.
Sergio Gamonal Contreras. LexisNexis. 2002, página 351), por lo que, para estos sentenciadores, el
establecimiento de esta clase de infracción laboral, existiendo a la fecha de la fiscalización Contrato
Colectivo del Trabajo vigente, es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como
lo es la referida Inspección del Trabajo, sino que debe ser establecida por la judicatura del ramo, ya que
como lo ha sostenido la Dirección del Trabajo en su jurisprudencia administrativa no puede, mediante
un Dictamen, interpretar el alcance de las cláusulas de un contrato colectivo del trabajo.
De tal manera la actuación cuestionada implica avocarse a una cuestión que se encuentra al margen de
las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 del Código del Trabajo y que
debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos asuntos, en atención a que allí se ha de
determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda estricta relación con la aplicación de las
cláusulas de un Contrato Colectivo del Trabajo vigente al momento de la fiscalización, lo que conlleva
que la situación de origen del conflicto involucra derechos que están sometidos a discusión, a la
existencia de puntos de vista jurídicos distintos, los que se deben debatir en un procedimiento de lato
conocimiento, donde las partes puedan rendir sus pruebas y deducir los recursos jurisdiccionales a que
hubiere lugar, según ha sido resuelto por la Excelentísima Corte Suprema (Sentencia Corte Suprema,
Ingreso 626-2004).
En consecuencia, resulta que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales de
justicia competentes en dicha materia que son los juzgados del trabajo. De acuerdo a lo establecido en
el artículo 420 del Código del Trabajo, corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias
suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la
interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos del trabajo.
De lo considerado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la recurrente contemplada en
el artículo 19 número 3, inciso 4, de la Constitución Política de la República, de que nadie puede ser
juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con
anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la inspección recurrida asumió, en la práctica, la
función que corresponde a los tribunales.
Por lo tanto, el recurso interpuesto en esta sede ha de ser acogido.
RECURSO= Recurso de Protección
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias de Protección de la Corte Suprema, Septiembre, 12, 13
y 20, 2007
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Adalis Oyarzún Miranda, Héctor
Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Rafael
Gómez Balmaceda.
Voto Disidente del ministro Héctor Carreño Seaman.
DFL 2, Trabajo, 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.