Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

porque la facultad legal del Director Regional para autorizar a un funcionario del Servicio para conocer
y fallar reclamaciones y denuncias tributarias nace de la propia ley y dentro de la esfera de atribuciones
que le competen, sin perjuicio de que las exigencias son para el tribunal y no para la persona que deba
servir en el cargo. Además, se dice, las prerrogativas jurisdiccionales del Director Regional y su
licencia a un funcionario del Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias las ampara el
artículo 7 de la Constitución Política, cuando dispone que los órganos del Estado actúan válidamente
previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la
ley, de suerte que el tribunal creado por la ley lo constituyen tanto el Director Regional como el
funcionario dependiente por él nombrado, puesto que la jurisdicción es radicada por la ley en ambos.
Esta aseveración, en el sentido de que las potestades de índole jurisdiccional que el funcionario
autorizado por el Director Regional pone en ejercicio al conocer y fallar reclamos y denuncias
tributarias y la calidad de juez especial que tal actividad posibilita atribuirle, no se condice con la
realidad jurídica que el artículo 116 del Código Tributario deja de manifiesto, ya que de su texto resulta
patente que el legislador se limitó a facultar a los Directores Regionales para que autoricen a
funcionarios del Servicio dirimir las reclamaciones tributarias que indica, con prescindencia de toda
referencia a la determinación de ley, sino de los funcionarios que deben asumir tal cometido y aun de
señalar las condiciones o requisitos exigibles para su designación, salvo la de su pertenencia genérica al
Servicio de Impuestos Internos.
De lo hasta ahora razonado, fluye que el artículo 116 del Código Tributario constituye la regla legal
que habilita a los Directores Regionales del Servicio para delegar las potestades jurisdiccionales de que
se hallan investidos en otros funcionarios de su dependencia; mientras que los actos administrativos
que concretan la delegación son las resoluciones exentas señaladas, que le dan expresamente ese
apelativo de delegación y que fueron referidas en el basamento sexto de esta resolución, en virtud de la
primera de las cuales el Director de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos confirió
la respectiva autorización al funcionario nombrado que, en definitiva, conoció y falló el reclamo
presentado por el contribuyente, rechazándolo. No es entonces la ley la que practica la designación del
funcionario que habrá de asumir como delegado la calidad de juez con las facultades jurisdiccionales
inherentes, sino que dicho rol lo ocupa la resolución del delegante, el Director Regional del Servicio,
quien a través de ella designa al órgano jurisdiccional en la persona de uno de sus subordinados en la
correspondiente escala jerárquica y le transfiere el ejercicio de prerrogativas que le son propias,
convirtiéndose ese acto administrativo en el título jurídico que habilita la actuación del delegado.
En conclusión, las atribuciones de naturaleza jurisdiccional, ejercidas por el juez tributario a cuyo cargo
estuvo la sustanciación y fallo de la reclamación, la que en definitiva fue rechazada, provienen de la
resolución del Director Regional que delegó dichas facultades, constituyéndose, de tal manera, esa
decisión u orden administrativa en la fuente jurídica inmediata que ha dotado con la calidad de juez a
un funcionario naturalmente adscrito a la Administración del Estado, en circunstancias que, ajustándose
a la normativa constitucional que consagra en nuestro régimen jurídico el principio de la legalidad o
reserva en la creación y organización de los tribunales de justicia, ello compete exclusivamente a
disposiciones de rango y jerarquía legal. Por lo tanto, el artículo 116 del Código Tributario, al permitir
que a través del mecanismo de la delegación se constituya un órgano jurisdiccional cuya designación o
determinación no provenga de manera inmediata de la ley, sino del llamado discrecional de otro ente
administrativo, se opone a los preceptos citados de la carta fundamental, e igualmente contraviene los
artículos 6 y 7 inciso 2, en relación con el artículo 73, estos de la misma Constitución Política, que
impiden la delegación de las funciones jurisdiccionales.
Voto Disidente: Es útil examinar, en relación con la materia, si los Directores Regionales del Servicio
de Impuestos Internos realmente tienen funciones jurisdiccionales, sea como tribunales especiales,
descritos en el inciso cuarto del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, sea como un órgano de
otra índole que ejerza jurisdicción, como lo dice el inciso quinto del número 3 del artículo 19 de la
Constitución Política de la República.