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inadmisible. En efecto, dicha excepción es una dilatoria que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 477
del mismo cuerpo legal, en caso de acogerse puede el ejecutante renovar su acción y, luego, no se
produce a su respecto un perjuicio sólo reparable con la invalidación del fallo. En caso de rechazarse,
se trata de una sentencia interlocutoria que no pone término al juicio, por lo que a su respecto es
inadmisible el recurso de casación. Si bien la resolución de las excepciones dilatorias en el juicio
ejecutivo se debe contener en la sentencia definitiva, ella no les confiere su naturaleza ni les muda la
que corresponde. Consecuentemente, la supuesta infracción a dicha norma, sea que se acoja o rechace
la excepción respectiva, no autoriza la interposición de un recurso de nulidad de fondo.
En cuanto a las demás excepciones, la sentencia que las rechaza no ha cometido error de derecho
alguno y, antes al contrario, ha dado correcta aplicación a las disposiciones que se dicen infringidas.
Desde luego, descansa el recurso en una supuesta infracción formal de la demanda, esto es, que no
contiene mención a la morosidad de su parte ni a la cláusula de aceleración, en circunstancias que la
propia demandada ha reconocido al oponer excepciones que sólo pagó las dos primeras cuotas e hizo
un abono a la tercera, apareciendo la cláusula de aceleración en el pagaré que se acompañó con la
demanda y que sirvió de su fundamento. Por lo demás, tanto el hecho de ser deudor moroso como que
el banco estaba facultado para acelerar el crédito, son hechos de la causa fijados soberanamente por los
jueces del fondo, y no susceptibles de ser revisados por la vía de la casación, salvo que se haya
invocado y así efectivamente hubiere sucedido, que en la fijación de tales presupuestos fácticos se
hubiere producido alguna infracción a normas que gobiernan la prueba, que no es el caso de autos. Por
lo anterior, el recurso de casación en el fondo, al igual que el de forma, será desechado.
II Corte de Apelaciones (Casación en la Forma): El recurrente invoca la causal del número 6 del
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, porque la sentencia definitiva se dictó en contra de
otra pasada en autoridad de cosa juzgada.
Explicando su fundamento, expresa que la resolución de primera instancia de fecha catorce de agosto
de 2001, que rechazó la petición de nulidad procesal planteada por el demandado, basada en que el
abogado patrocinante señalado, que no tenía poder, lo delegó en el egresado de derecho indicado, por
lo que tal delegación y todo lo actuado en adelante era nulo, también en la referida resolución se negó
lugar a declarar la caducidad de la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos,
porque había transcurrido el plazo de cinco días señalado en el artículo 302 del inciso 2 del Código del
Ramo, sin que se notificara al demandado de la resolución que dio lugar a la referida medida.
Esta resolución fue revocada por la Corte, según resolución de 31 de enero de 2002, declarando nula la
delegación de poder ya referida y la actuación realizada por el delegado, que no fue otra que la
consistente en la solicitud de reposición de la resolución que no dio lugar a la petición hecha, por el
abogado señalado, de notificar por avisos al demandado.
Esta resolución es la que, según el recurrente, por estar ejecutoriada produjo el efecto de cosa juzgada,
no obstante ello se dictó la sentencia impugnada.
Entretanto la Corte conocía de la apelación interpuesta contra la referida resolución, el proceso siguió
su curso, actuando el demandante debidamente representado, oponiendo excepciones a la ejecución el
demandado y declaradas éstas admisibles, se recibió la causa a prueba, etapa en la cual el recurrente
plantea nuevamente, según consta, incidencia de nulidad, pidiendo esta vez que se anularan las
notificaciones del auto de prueba, basada en el mismo motivo del primitivo incidente, interponiendo en
subsidio recurso de reposición en contra de la resolución que recibió la causa a prueba. Por resolución
de 8 de abril de 2002, el juez a quo rechazó esta última incidencia. Resolución que fue confirmada por
la Corte el 25 de octubre de 2002, respecto de la cual el demandado pidió aclaración, lo que se resolvió
“Estése al merito de lo resuelto por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 31 de enero
último”.
El recurrente agrega que el vicio denunciado le causó perjuicio, puesto que en ese momento aquella
declaración de nulidad, siempre refiriéndose a la resolución de la Ilustrísima Corte señalada, facilitó las
conversaciones para un arreglo extrajudicial del conflicto, pero que luego a causa de la resolución que