Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

que a la luz de lo dispuesto en el Código del Trabajo es imposible que mantenga un vínculo laboral
dependiente de la parte demandada, por ser imposible la configuración de los requisitos para ello. En
cuanto a la causal de tacha del número 6 del artículo 358, hace presente que de las declaraciones del
testigo, esta causal no se ha configurado, toda vez que, según lo resuelto por la jurisprudencia, el
interés directo o indirecto en el pleito dice relación exclusivamente con lo económico, es decir, que el
testigo se haga más rico, circunstancia que no consta en autos; y en cuanto a la objetividad del testigo,
esta circunstancia se encuentra garantizada, por cuanto es asesor a un cúmulo de más de doce empresas,
respecto de las cuales sólo es un asesor legal.
En cuanto a la causal del número 6 del artículo 358 de Código de Procedimiento Civil alegada, ésta
será rechazada, por cuanto para que proceda es necesario que exista un interés pecuniario derivado
directamente del juicio en el cual se es testigo, lo que no se desprende de autos. En cambio se acogerá
la tacha fundada en la causal número 5 del precepto legal citado, toda vez que toda relación de
dependencia está referida a la prestación de servicios habituales y remunerados a la época de la
declaración, situaciones que ocurren en la especie según los propios dichos del testigo, atendido el
cargo que ostenta, el tiempo prestando servicios y naturaleza de las labores que desempeña, sin que lo
anterior se vea alterado por la circunstancia de prestar de servicios a otras entidades, toda vez que el
testigo indica que estas últimas son subsidiarias del demandado y que la exclusividad no es exigencia
legal.
En cuanto al fondo: No es controvertido en autos que el demandante desde el 24 de noviembre de 1999
actuaba como mandatario de la nombrada; con fecha 25 de noviembre del mismo año en tal calidad,
celebró un acuerdo de confidencialidad con el demandado respecto del proyecto denominado como se
indica y con fecha 4 de enero de 2000, se firmó entre las partes un acuerdo o proposición de pago.
Por su parte es controvertida en autos la función o servicios prestados por el demandante al demandado
y si éstas fueron cumplidas, si el acuerdo o proposición de pago celebrado se encontraba sujeto a
condición o a plazo, en su caso su cumplimiento.
A fin de esclarecer el primer punto se acompañó copia del mandato conferido al actor con fecha 24 de
noviembre de 1999, por la nombrada, en el cual se expresa que se le encarga promover el proyecto
indicado, gestión que debería ser orientada a la búsqueda de eventuales interesados en participar en la
exploración y evaluación del proyecto, bajo condiciones satisfactorias para todas las partes, autorizando
a presentar el proyecto a eventuales interesados y, previa firma de un acuerdo de confidencialidad,
entregarles la información disponible que se estimase relevante, términos que son reconocidos y
esgrimidos por el demandado en su contestación. Por su parte del documento referido se desprende que
la proposición de pago es por la presentación del proyecto indicado, que (según la propia redacción del
demandado) trajera a su atención el actor.
Asimismo, se encuentra agregado acuerdo de confidencialidad y cuya traducción se lee, celebrado entre
las partes con fecha 25 de noviembre de 1999 sobre información del proyecto nombrado.
Los documentos antes expuestos permiten presumir con carácter de gravedad suficiente que el
demandante el 24 de noviembre de 1999 en virtud del mandato conferido ofertaba pertenencias mineras
de propiedad de la nombrada, contactándose con el demandado de autos para dichos efectos logrando la
celebración del acuerdo de confidencialidad y posterior proposición de pago, sin que en autos exista
prueba suficiente tendiente a acreditar que debía realizar servicios distintos a los que se han tenido por
establecidos, por lo que resultan irrelevantes a este respecto los dichos del testigo nombrado, que
declara que la opción de compra no se materializó por servicios realizados por el demandante sino por
un acuerdo directo, encontrándose acreditado por la prueba reseñada que el demandado tomó
conocimiento del proyecto en virtud de los servicios del actor en ejercicio de su mandato, el cual no se
extendía a otras gestiones.
En cuanto al segundo punto en controversia, a saber, si el acuerdo o proposición de pago celebrado
entre las partes, se encontraba sujeto a condición o a plazo del cual dependía la adquisición del derecho
del actor, es menester estar al tenor de las cláusulas en él contenidas, toda vez que su redacción revela