Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

golpe de puño) no se rindió prueba alguna, salvo la declaración de tres testigos en orden a que sintieron
ruidos de sillas al interior de la oficina del gerente de administración de la actora, en circunstancias que
este sostenía una reunión con el demandado.
No pueden considerarse prueba de estas conductas las declaraciones efectuadas sobre ellas por el
gerente de administración supuestamente afectado, pues es un hecho de la causa que su persona y sus
declaraciones se confunden o identifican con las de la persona jurídica actora, a quien representa, según
quedó asentado. Así, no sería permitido que se le considere parte del juicio (como representante para
efectos laborales del empleador) y testigo en el mismo, como lo pretendió su representación procesal.
El sólo elemento de convicción de las declaraciones de testigos aportadas de manera alguna puede
llegar a probar la causal que nos ocupa, más si ella, y todas las restantes del artículo 160 del Código del
Trabajo, deben estar fehacientemente acreditadas, según se ha exigido uniformemente, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia.
Lo anterior conforme la gravedad de la sanción que esta norma autoriza, esto es, la desvinculación del
trabajador de sus funciones sin derecho a indemnización alguna.
Ciertamente, sobre esta base discurre la modificación legislativa introducida por la ley 19.759 a la
redacción del encabezado del número 1 del tantas veces referido artículo 160, en cuanto introdujo las
expresiones “conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas”, para luego
enumerarlas.
En lo que toca a la causal contenida en la letra c) del número 1 del citado artículo, esto es, injurias
proferidas por el trabajador al empleador debe tenerse presente, en primer término, que la redacción de
la norma que nos ocupa fue modificada, precisándose y limitándose su contenido por la llamada
reforma laboral del año 2001.
Previo a esta modificación legal, la norma en comento sólo se refería a injurias, sin indicar quien debía
ser el sujeto pasivo de las mismas. Luego del cambio legislativo sólo se puede considerar concurrente
esta causal de caducidad cuando las injurias sean proferidas por el trabajador al empleador,
entendiendo también por, este a quien lo represente conforme la normativa que al efecto contiene el
ordenamiento laboral.
Al momento de sentenciar sólo se podrán considerar los hechos invocados en el libelo y analizar si
ellos, por sí solos, configuran la causal en estudio. Se ha deducido por el apoderado del demandante
recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva que no dio lugar a la demanda.
En primer lugar, impugna el apelante el acogimiento de la tacha en contra del testigo. Señala que la
mera circunstancia de tener la facultad compartida con la gerencia general de proponer la contratación
o el despido de trabajadores de manera alguna supone una falta de imparcialidad del declarante. Dice
que no se ha acreditado en forma alguna que tenga un interés en el resultado del pleito y, menos, que
este sea patrimonial, como lo requiere la jurisprudencia.
Debe conceptuar el tribunal que el testigo carece de la imparcialidad necesaria para declarar por tener
en el pleito interés directo o indirecto, cuando no es posible disociar su interés natural, dadas sus
calidades anotadas en el fallo de primer grado, con el resultado del pleito. Ciertamente, es difícil
imaginar siquiera una actitud indiferente del testigo tachado respecto del resultado del pleito. Y puesto
que en alguna medida, la que precisamente es relevante en esta causa, el testigo es representante de la
empresa, la que por definición persigue una utilidad económica, como tal representante, es órgano de la
empresa, identificándose y confundiéndose en sentido jurídico. Como dice Hans Kelsen, a propósito de
la imputación de un acto a una persona jurídica, “Todos los actos de una persona jurídica son, en rigor
de verdad, actos cumplidos por individuos, pero imputados a un sujeto ficticio que representa la unidad
de un orden jurídico parcial o total”.
Por las razones expuestas en el fallo en alzada, esta Corte estima que al gerente de administración se le
debe considerar representante de la empresa, tal como señala el apelante. En consecuencia, puede ser
sujeto pasivo de injurias proferidas por un trabajador que sean motivo de su despido.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 455 del Código del Trabajo, el tribunal apreciará la prueba