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“Vía” debe entenderse “Calle, camino u otro lugar destinado al Tránsito”.
“Tránsito”, a su vez, es definido como el “Desplazamiento de peatones, animales o vehículos por vías
de uso público”.
Finalmente, el término “Acera” se define como “Parte de una vía destinada al uso de peatones”.
Como se advierte del análisis de la terminología propia del Derecho del Tránsito, en el presente asunto,
todo conduce a concluir que el desplazamiento peatonal también está regulado por la Ley de Tránsito,
pues éste ha de hacerse por las vías públicas, de las que las aceras, naturalmente destinadas a ello,
forman parte, por lo que frente a esta realidad legal, los intentos del municipio recurrente por sustraerse
a su normativa, no pueden tener acogida en la presente sede.
Corrobora lo antes expresado, el contenido del artículo 177 de la Ley de Tránsito, base también del
fallo y que no fue denunciado como infringido, en cuanto dispone en su inciso 5, de indudable
aplicación general, que la Municipalidad respectiva, o el Fisco en su caso, serán responsables
civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea la consecuencia del mal
estado de las vías públicas o de la falta o inadecuada señalización, norma cuyo tenor se encuentra en
armonía con las definiciones antes indicadas y lleva a la misma conclusión alcanzada por el fallo
recurrido.
Finalmente, los artículos 38 de la Constitución Política de la República y 141 de la Ley Número 18.695
tampoco han podido ser vulnerados, en razón de todo lo dicho y porque ellos se limitan a establecer el
derecho de todo ciudadano de reclamar por el daño que sufran a consecuencias del actuar de algún
órgano del estado o de las municipalidades, el primero, y específicamente de los municipios, el
segundo, siendo entonces preceptos de orden genérico y no específico, que resultan, por lo mismo, no
susceptibles de infracción en el presente asunto.
Por lo expuesto y concluido, el recurso de casación en el fondo en estudio debe ser desestimado.
II Corte de Apelaciones: La actora interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra de la
municipalidad señalada, a fin que se declare que la demandada debe indemnizarle el daño no
patrimonial que alega haber sufrido, más reajustes y costas. Funda su pretensión en los daños
ocasionados a consecuencia de la caída en la acera que tuvo el día 2 de enero de 2002, mientras
transitaba por la calle indicada, a mitad de cuadra y frente al establecimiento de comercio ubicado en el
número referido, debido al mal estado en que se encontraba la acera y a la falta de señalización idónea
que impidiera la concurrencia de accidentes a los transeúntes.
La parte demandada solicitó el rechazo de la demanda, con costas, argumentando, en síntesis, la
inocurrencia de los hechos; además, que en la especie no se da una falta de servicio de su parte, dado
que la construcción y reparación de aceras le corresponde al Servicio de Vivienda y Urbanismo; y
porque no existe señalización alguna para advertir el mal estado de las aceras establecida por la
normativa vigente y determinada por el Ministerio correspondiente. Sostuvo, también, la inexistencia
de relación de causalidad entre el supuesto incumplimiento de sus obligaciones y el daño cuya
reparación se pretende. En subsidio, invocó la excepción de compensación de culpa, dado que la
demandante se habría expuesto imprudentemente al daño, debiendo regularse la indemnización que se
otorgue acorde al artículo 2330 del Código Civil.
Los antecedentes probatorios referidos, en tanto tales y por sí solos resultan ser insuficientes para
justificar la existencia de los hechos señalados en la demanda, empero configuran las bases a partir de
las cuales es posible construir, mediante un procedimiento lógico deductivo, una presunción judicial en
cuanto a la circunstancia que la actora con fecha 2 de enero de 2002, cayó en la acera de la calle
señalada, entre las calles referidas, frente al lugar donde se ubica el establecimiento comercial signado
con el número indicado, debido al mal estado de la vía, sin que existiere en el lugar ningún tipo de
protección ni señalización de advertencia del peligro que representaba dicha deficiencia para el tránsito
peatonal.
Esta presunción tiene, a juicio del sentenciador, caracteres de gravedad y precisión suficientes para
formar convencimiento en el sentido indicado, motivo por el cual se le dará valor de plena prueba y,