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la garantía constitucional del artículo 19 número 3 inciso cuarto, y lo previsto en los artículos 6, 7, 73 y
74 de la Constitución Política de la República.
En síntesis, en el respectivo libelo se aduce que la norma legal cuestionada sería inconstitucional, en la
medida que posibilita la delegación de atribuciones jurisdiccionales en funcionarios del Servicio de
Impuestos Internos, a través de simples resoluciones administrativas del Director Regional que se
erigen, entonces, en verdaderas fuentes creadoras de tribunales, todo ello en circunstancias que la
función jurisdiccional es indelegable y que la creación del órgano jurisdiccional sólo puede ser materia
de ley.
En primer término, acerca de lo planteado por el Fisco de Chile, en cuanto a la improcedencia del
recurso, cabe mencionar que, no obstante ser efectivo que la disposición legal objetada reviste la
naturaleza de ley procesal de carácter orgánico, desde el momento que entrega a los Directores
Regionales del Servicio de Impuestos Internos la facultad de designar a un funcionario específico de su
dependencia para que conozca y decida las reclamaciones y denuncias formuladas por los
contribuyentes, no es posible perder de vista que la jurisdicción es la función principal, característica e
indispensable del Poder Judicial como órgano básico del Estado, puesto que consiste en su potestad de
administrar justicia y que, de conformidad con lo prevenido en los artículos 73 inciso 1, de la
Constitución Política de la República y 1 del Código Orgánico de Tribunales, envuelve la atribución de
“conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”, lo que en
buenas cuentas constituye el ejercicio en exclusividad de la jurisdicción contenciosa que se ejerce
cuando existe juicio, contienda o controversia suscitada entre dos o más partes que tienen interés en sus
resultados. Los organismos en los cuales se radica esta función jurisdiccional son los tribunales, tanto
los de fuero común, que conocen de la generalidad de los negocios que se promueven en ese orden y
dentro del territorio de la República, como los de fuero especial, que ejercen jurisdicción en
particulares materias, que es exactamente el caso del Director Regional del Servicio de Impuestos
Internos, para conocer y resolver las controversias tributarias, en virtud de lo preceptuado en los
artículos 73 inciso 3 de la Constitución Política de la República, 5 incisos 1 y 4 del Código Orgánico de
Tribunales, 6 letra b), número 6, y 115 inciso 1, del Código Tributario y 19, letra b), de la Ley Orgánica
de dicho Servicio, cuyo texto definitivo se fijó por el Decreto con Fuerza de Ley Número 7, publicado
en el diario oficial de 15 de octubre de 1980.
Entre las características que la doctrina anota respecto de esta función pública y complementaria de la
legislativa, derivada de la soberanía misma, importa destacar, para los efectos del actual debate,
aquellas de ser improrrogable e indelegable, ya que, por su naturaleza de Derecho Público y de orden
público que, como se dijo, emana de la soberanía, no es susceptible de prórroga, como sucede con la
competencia relativa, en que las partes pueden entregar el conocimiento de una cuestión a un juez
distinto de aquel que determinan las reglas de la competencia territorial. Existiendo identidad de
jerarquía y procedimientos es posible alterar este factor territorial.
Por lo que toca a la delegación, es el acto por el cual se entregan las facultades de que dispone una
institución o persona a un tercero, y en razón de los motivos recién consignados no es posible delegar
la jurisdicción. Tan es así que la Constitución y la ley emplean la voz “exclusivamente”, como lo hace
ver la señora fiscal judicial, y todavía el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales ni siquiera
consiente en que un juez se excuse del conocimiento de un negocio a pretexto de que existen otros
tribunales competentes para avocarse al mismo asunto. Lo que sí autoriza la ley es la delegación de
actos aislados de competencia, en especial en lo atinente a trámites de instrucción de índole probatoria
(artículos 7 inciso 2, del Código Orgánico de Tribunales y 71 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil) (José Quezada Meléndez: “Derecho Procesal Civil Chileno. La Jurisdicción”, Ediar Editores
Limitada, Santiago de Chile, páginas 48 y 49).
Examinado el punto en estudio bajo el prisma que se viene desarrollando, resulta que la delegación de
facultades jurisdiccionales que franquea el artículo 116 del Código Tributario, cuya inaplicabilidad se
pretende, constituye una cuestión de esencial incidencia en la decisión del asunto pendiente, de modo