Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

$45.068.232; febrero, $4.905.548; marzo, $4.191.508; abril, $1.327.767; agosto, $592.278 y diciembre
$21.691.003. Total, $77.766.245.
Las pruebas allegadas por el reclamante son las que se detallan a continuación:
Fotocopia simple, y fotocopia autorizada ante notario el 28 de mayo de 1999, del estado de cuenta
corriente bancaria, cartola señalada, del período 1 al 21 de octubre de 1993 del reclamante, en el cual
aparece el día 6 de octubre de 1993 un depósito de $83.390.433.
Fotocopia legalizada de escritura pública del 6 de octubre de 1993, suscrita en Notaría, mediante la cual
el reclamante vende a la nombrada, un bien raíz por el precio de $83.390.433, que se pagan en este acto
y en dinero efectivo.
Certificado del 27 de mayo de 1999, de la nombrada, que da cuenta de la compra anterior en la suma de
$82.390.433, pagados mediante cheque girado por dicha empresa.
Constancia del banco nombrado de 27 de mayo de 1999, suscrita por la ejecutiva de cuentas, cuya
firma fue autorizada ante notario el 28 de mayo de 1999, que señala que en la cuenta corriente referida,
del reclamante se depositó un cheque de otro banco de la misma plaza, el 6 de octubre de 1983, por la
cantidad de $83.390.433.
Fotocopia autorizada ante notario del 31 de mayo de 1999, de la declaración de Renta Anual, del año
tributario 1995, cuya base imponible es de $53.010.505.
Del análisis de las pruebas anteriores se tiene que la escritura descrita en el punto anterior demuestra
que el litigante vendió un inmueble en $83.390.433, suma que depositó el mismo día en su cuenta
corriente bancaria, como consta.
Las inversiones a justificar en la parte que corresponden al mes de enero de 1994, como se indica, se
desglosan como se señala.
Sobre tales inversiones y las restantes, está diciembre de 1994, que en valores netos, descontados las
acreditaciones arrojan un saldo no demostrado y gravado de $77.766.245. El litigante alega que con el
sólo mérito de la escritura de venta referida, por la que recibió $83.390.433, depositados en su cuenta,
debe darse por acreditado el origen de los fondos en cuestión y que al practicar la liquidación se ha
infringido la norma del artículo 70 de la Ley de Renta, puesto que ésta sólo faculta al Servicio para
exigir que el contribuyente acredite el “origen” de los fondos con que ha efectuado inversiones, y no lo
faculta en modo alguno para que además exija se acredite su “disponibilidad”.
Al respecto, el origen de los fondos tiene que ver con la existencia de esos fondos en la fecha en que se
efectuaron las inversiones, lo que constituye un elemento indispensable para demostrar el origen de los
mismos, y no de un requisito ajeno, el cual forma parte de la prueba del origen establecida por el
artículo 70 de la Ley de Renta.
Para ello el contribuyente dispone de los medios de prueba a su alcance que le franquea la ley, y así
demostrar el hecho decisivo que el origen de los fondos con los que se solventaron las inversiones
proviene precisamente de aquellos ingresos que él sostiene.
En el caso de autos, se observa en la cartola bancaria referida, acompañada en parte de prueba, que
efectivamente se encuentra registrado el depósito de $82.390.433, el día 6 de octubre de 1993, y que a
continuación aparecen cheques al día siguiente y subsiguiente, entre otros por $15.975.525,
$25.524.475, $32.938.555, y $7.063.000, de manera que el saldo al 8 de octubre de 1993, era sólo de
$1.183.934.
En esas condiciones, no habiéndose hecho valer otras pruebas que la sola escritura señalada, no puede
sostenerse con fundamento real que las inversiones del año 1994, que en enero de ese año suman desde
$45.132.643, se financiaron con el producto de una venta ocurrida tres meses antes, en circunstancias
que las cifras anotadas en el considerando anterior demuestran a las claras que ese mismo producto
tuvo un destino diferente y casi simultáneo con dichos ingresos.
Sobre la materia, el inciso segundo, párrafo final, del artículo 21 del Código Tributario establece que:
“Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá
desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio en conformidad a las normas