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cláusula tercera del contrato privado suscrito por las partes en este juicio, se entenderá que tal
obligación se encuentra cumplida.
Pago de las contribuciones: El demandante ha acompañado certificados de Tesorería que acreditan el
pago de contribuciones territoriales que van de la primera cuota de 1988 a la segunda cuota de 1997 (la
demanda se interpuso en noviembre de 1997) y aunque falta el período correspondiente a 1996, se ha
acompañado certificado de deuda de contribuciones de la Tesorería General de la República que señala
que el rol referido no registra deuda al 24 de febrero de 1998, por lo que, al igual que respecto del
precio, la obligación respectiva se entenderá cumplida.
Pago de la deuda Corporación de Reforma Agraria: La parte demandada, en su escrito de contestación
y demanda reconvencional ha señalado que el promitente comprador no ha cumplido con su obligación
de pagar oportunamente todas y cada una de las cuotas correspondientes a la deuda Corporación de
Reforma Agraria, en la Tesorería General de la República, la cual señala como morosa.
Señala también que una de las razones que se tuvieron en vista al momento de fijar el precio es
precisamente la existencia de una deuda que los demandados y promitentes vendedores tenían con el
Fisco de Chile, por concepto de adjudicación de la Corporación de Reforma Agraria, la que ascendía a
la suma referida.
Para acreditar tal morosidad, acompaña una nómina de deudores morosos donde figura el demandado
adeudando la suma indicada por el período 1995 y la suma referida por el período 1996, ambas por la
respectiva cuota de la deuda Corporación de Reforma Agraria, despachándose por tal concepto en su
contra un mandamiento de ejecución y embargo con fecha l de julio de l997.
En el mismo orden de ideas, en la prueba confesional el propio demandante reconoce que pagó la
deuda hasta 1995.
En cuanto a la demanda reconvencional de nulidad: La parte promitente vendedora ha interpuesto
demanda reconvencional de nulidad absoluta y en subsidio, nulidad relativa, y en subsidio de ambas, se
declare resuelto el contrato de promesa.
Señala que existe un vicio de nulidad absoluta en el contrato de promesa, desde el momento en que
pende de una condición potestativa que depende de la mera voluntad de la persona que se obliga.
Atendido que este tribunal ya rechazó, en lo pertinente, la correspondiente excepción de nulidad
absoluta opuesta en la contestación a la demanda, procederá a rechazar la demanda de nulidad absoluta,
remitiéndose a lo ya razonado en aquella oportunidad.
Asimismo, rechazará la demanda de nulidad relativa, pues en el cuerpo de su escrito no explica cómo
ha de configurarse tal vicio de nulidad relativa.
En cuanto a la demanda reconvencional de resolución: Atendido que ya se acogió la excepción de la
parte demandada fundada en la resolución del contrato por el evento de la condición resolutoria de no
cumplirse por una de las partes lo pactado, este tribunal deberá consecuencialmente acoger la demanda
reconvencional de resolución de contrato, teniendo como fundamento los mismos antecedentes y
razonamientos que se tuvo para acoger la excepción correspondiente.
En cuanto a la demanda reconvencional de reivindicación: Consta del documento referido que el
demandado es dueño de la parcela individualizada, ya deslindada en estos autos.
Consta asimismo de la confesional agregada que el demandado reconvencional reconoció efectuar
actos de posesión en el predio sub lite, tales como sembrar, criar animales y aserrar bosque de pinos.
Señala que tomó posesión del predio a contar del 30 de abril de 1988.
Todo lo anterior en virtud del contrato de promesa tantas veces mencionado.
De acuerdo al artículo 889 del Código Civil, la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el
dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a
restituírsela.
Se ha acreditado la calidad de poseedor del demandado, en los términos del artículo 700 del Código
Civil, y es precisamente contra el actual poseedor de la cosa singular contra quien se dirige la acción de
dominio, en los términos del artículo 895 del mismo texto.